Denuncian que en diez años de vigencia de esa norma Interior jamás objetó una sola pega sobre la misma
Desde la Confederación Española de Policía -CEP-, sindicato de la Policía Nacional de referencia que lidera la lucha conta la Equiparación Salarial, denuncia que el Ministerio del Interior acaba de dar otra vuelta de tuerca más a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y ha emitido una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que prohíbe a los policías multar la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en el interior de vehículos que no estén circulando, de tal forma que el departamento de dirige Grande-Marlaska vuelve a apostar por restringir y limitar las actuaciones operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en un ámbito esencial para garantizar la convivencia y el civismo.
Indican que esta iniciativa llama poderosamente la atención puesto que durante una década Interior -ni los responsables ministeriales del actual Gobierno, desde 2018, ni quienes les precedieron, entre 2015 y la moción de censura que puso fin a la legislatura- jamás ha puesto una sola pega a una actividad policial sobradamente conocida, puesto que se desarrolla en la calle y su fin es, precisamente, prevenir la comisión de ilícitos penales (un conductor drogado en un vehículo se sitúa en la antesala de un delito contra la seguridad vial, puesto que puede llegar a poner en peligro la integridad y la vida de terceras personas si se desplaza afectado por el consumo de sustancias estupefacientes) antes de que las consecuencias, en el caso de permitir esos comportamientos, puedan generar daños mucho mayores en la seguridad ciudadana.
La Instrucción de Interior, que cita sentencias del Tribunal Supremo de 1999 y 2013 anteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015 (en julio de 2015) sobre las expectativas de privacidad que se pueden tener en el interior de un vehículo en plena calle, reconoce que un turismo no constituye un domicilio que pueda gozar de inviolabilidad y que, por tanto, no se requiere autorización judicial alguna para su registro. Sin embargo, apuntan que acogiéndose a que el consumo o tenencia de drogas en el interior de un vehículo no está expresamente previsto como sanción administrativa en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, prohíbe desde ahora cualquier multa, abriendo así la puerta a que las calles de nuestro país puedan ser lugares en los que cualquier conductor se drogue, a plena luz del día y en presencia de ciudadanos e incluso menores de edad, sin que ello provoque consecuencia alguna.
Desde el CEP remarcan que esta nueva apuesta por podar la principal norma que utilizan los policías en las calles de España para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia se contextualiza, además, en una supuesta preocupación del Gobierno por la seguridad jurídica de los agentes. Preocupación que jamás ha debido estar en la mesa del actual responsable de este departamento, porque admitiendo que eso fuera así ha dejado pasar casi siete años sin activar medida alguna que, por seguir esa línea argumental, evitase riesgos para los profesionales de la seguridad pública.
“Los policías necesitamos mayor protección física y jurídica en nuestro trabajo. Y eso pasa, entre otras cosas, porque Interior deje de incumplir la Sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2024, en la que se le condenaba, por una demanda de CEP, a desarrollar la norma que haga realidad el seguro de responsabilidad civil para los policías nacionales. Más de un año después de esa resolución del Alto Tribunal, el departamento de Grande-Marlaska sigue sin aprobar el Real Decreto que materialice ese plus de protección para los agentes mientras que, al contrario, sí despliega una llamativa hiperactividad para la interpretación restrictiva de lo que los socios parlamentarios del actual Gobierno conocen como ‘Ley Mordaza’”.
