La actual regulación impide a las asociaciones profesionales hacer alegaciones en el expediente de concesión de las medallas y afecta a la carrera profesional del personal de la Guardia Civil
La asociación profesional de guardias civiles Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha elevado una propuesta formal a la Dirección General del Cuerpo para que se reforme la normativa que regula la concesión de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. La iniciativa, firmada por el vocal de IGC en el Consejo de la Guardia Civil, plantea cambios profundos orientados a reforzar la transparencia, la objetividad y la participación en un procedimiento que actualmente deja al margen a los representantes del personal de la Guardia Civil en el Consejo.
“La normativa actual impide que las asociaciones profesionales, puedan aportar información, documentación o alegaciones relevantes en el proceso de concesión de condecoraciones que afectan directamente a la carrera profesional y a la retribución de los guardias civiles”, ha manifestado la asociación en su petición.
IGC recuerda que tanto la Cruz de Oro como la Cruz con distintivo rojo están pensionadas y suponen incrementos salariales del 20% y del 15% respectivamente, por lo que su asignación tiene consecuencias económicas muy significativas, además de prestigio profesional. “No es razonable que, en pleno siglo XXI, una recompensa tan relevante pueda concederse sin escuchar a sus representantes legítimos en el Consejo”, añade el vocal en su argumentación.
La asociación reclama en su propuesta al Consejo la creación de un Comité Evaluador de Recompensas integrado por representantes de la Administración y de las asociaciones profesionales, con carácter consultivo y encargado de emitir un informe previo sobre cada propuesta de condecoración.
También se plantea la creación de un Registro Interno de Propuestas en el que consten todos los datos relevantes del procedimiento, así como un plazo formal de alegaciones para interesados y asociaciones.
Es momento de cambiar el modelo
Daniel Fernández, vicepresidente y portavoz nacional de IGC, “es inaceptable que las condecoraciones continúen siendo un terreno vedado para las asociaciones profesionales. Esta situación choca frontalmente con los principios de mérito, capacidad e igualdad que recoge la propia Ley Orgánica 11/2007 y considera que las recompensas no pueden quedar en manos de decisiones unilaterales, ni de afinidades personales”.
IGC ha solicitado a la Dirección General que abra un proceso de diálogo para actualizar una regulación “obsoleta” y adaptarla a los valores de transparencia, participación y profesionalización que la sociedad exige. “Pedimos lo más básico: luz, taquígrafos y garantías. No se trata de repartir más medallas, sino de que se den con justicia”, afirma Fernández.
