El Gobierno ha vuelto a bloquear una iniciativa destinada a corregir la desigualdad histórica en las condiciones de jubilación de policías nacionales, guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. La propuesta, que pretendía permitir la jubilación anticipada a los funcionarios de clases pasivas mayores de 60 años, ha sido rechazada, perpetuando la sensación de que los profesionales que sostienen la seguridad del Estado son tratados como empleados de segunda frente a otros cuerpos con mayores privilegios.

Un veto que perpetúa la discriminación entre cuerpos del Estado

La iniciativa tumbada el pasado jueves buscaba equiparar las condiciones de jubilación de los agentes que han dedicado décadas a servicios de alto riesgo con las de otros colectivos públicos que sí disfrutan de regímenes más favorables. Sin embargo, el Gobierno ha decidido vetarla, manteniendo a policías, guardias civiles y Vigilancia Aduanera en un sistema más restrictivo y menos justo.

El mensaje que perciben los agentes es claro: el Estado reconoce el riesgo cuando conviene, pero lo olvida cuando toca legislar.

¿Quién propuso la iniciativa y quién votó en contra?

La propuesta fue presentada por el Grupo Popular apoyado por parlamentarios que llevan años defendiendo la equiparación de derechos entre cuerpos policiales y reclamando una jubilación anticipada justa para quienes han trabajado en primera línea del riesgo. La iniciativa contó con el apoyo de formaciones que históricamente han respaldado las reivindicaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

Sin embargo, el Gobierno y los partidos que sostienen su mayoría parlamentaria votaron en contra, bloqueando la medida y evitando que avanzara en la tramitación. El rechazo fue contundente y alineado, dejando claro que el Ejecutivo no está dispuesto a modificar el régimen de jubilación de estos cuerpos, pese a que sí ha aprobado mejoras para otros colectivos con menor exposición operativa.

Los agentes más expuestos, los menos reconocidos

La paradoja es evidente: los cuerpos vetados son precisamente los que se enfrentan a organizaciones criminales armadas, sufren agresiones, embestidas y atentados, trabajan en turnos rotatorios que deterioran la salud y soportan una presión psicológica y física superior a la de la mayoría de funcionarios públicos.

A pesar de ello, no se les reconoce el derecho a una jubilación anticipada, mientras otros colectivos sí la disfrutan sin asumir ni una fracción del riesgo operativo.

El caso de Vigilancia Aduanera: los grandes olvidados

La propuesta también pretendía beneficiar a los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, un cuerpo que combate directamente el narcotráfico y que opera en condiciones tan peligrosas como las de Guardia Civil y Policía Nacional. Sus embarcaciones, muchas veces obsoletas, persiguen narcolanchas de 600–1000 CV y se enfrentan a organizaciones que emplean fusiles de asalto y tácticas paramilitares.

Aun así, siguen sin reconocimiento profesional ni jubilación anticipada, pese a que su trabajo es esencial para la seguridad del Estado.

Clases pasivas mayores de 60 años: atrapados en un sistema injusto

El veto también afecta a miles de funcionarios de clases pasivas que superan los 60 años y que, pese a haber cumplido décadas de servicio, no pueden acceder a un retiro digno. Muchos continúan trabajando en puestos operativos o administrativos con limitaciones físicas evidentes, mientras otros cuerpos sí pueden retirarse antes con mejores condiciones.

Un patrón repetido: cuántas veces se ha tumbado esta reivindicación

Este veto no es un hecho aislado. Durante el actual mandato, el Gobierno ha bloqueado en múltiples ocasiones iniciativas similares que buscaban:

• Reconocer la profesión de riesgo para Policía Nacional y Guardia Civil.
• Aplicar coeficientes reductores de jubilación como los que ya disfrutan otros cuerpos.
• Mejorar las condiciones de retiro de los agentes de Vigilancia Aduanera.
• Corregir la pérdida económica que sufren los funcionarios de clases pasivas al jubilarse.

En total, decenas de propuestas, enmiendas y solicitudes han sido rechazadas, archivadas o no admitidas a trámite, consolidando un patrón claro: no existe voluntad política de abordar la jubilación de los cuerpos policiales del Estado.

Una decisión que erosiona la moral y la confianza institucional

El mensaje que envía el Gobierno es devastador para la moral de los agentes: no se reconoce el riesgo, no se valora la entrega, no se compensa el desgaste físico y psicológico y no se equipara a los cuerpos policiales con otros colectivos privilegiados.

La sensación de agravio comparativo se extiende entre plantillas que ya sufren carencias de medios, salarios insuficientes y una presión operativa creciente.

El Estado no puede tratar como agentes de segunda a quienes sostienen su seguridad

El veto del Gobierno no es solo una decisión administrativa: es un golpe directo a la dignidad profesional de miles de servidores públicos que arriesgan su vida cada día. Mientras otros cuerpos disfrutan de jubilaciones anticipadas, los agentes que combaten el crimen en primera línea siguen atrapados en un sistema que no reconoce su sacrificio.