El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario de la Policía Nacional, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de 1.000 personas.
El SUP ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas y la suspensión inmediata de la instalación y puesta en funcionamiento del campamento hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales. Si el dispositivo estuviera ya parcialmente instalado, el sindicato solicita que se paralice cualquier ampliación y que no se deriven nuevas personas a este emplazamiento Desde el SUP consideramos especialmente preocupante concentrar a alrededor de un millar de personas dentro de una infraestructura crítica, en cuyo entorno existen instalaciones vinculadas a combustibles, energía y otros servicios esenciales, sin que hayamos tenido acceso a los informes técnicos y de seguridad que avalan esta ubicación.
Los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta evidencian además la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.
No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad. Desde el SUP queremos recordar que nuestra actuación ante esta crisis no se limita a denunciar los problemas. Desde el primer momento hemos planteado medidas y alternativas concretas para proteger a los policías y contribuir a una gestión más eficaz de la situación en Ceuta.
La organización sindical ha reclamado refuerzos policiales estables, especialmente en Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana; la actualización de las plantillas y del catálogo de puestos de trabajo; compensaciones económicas para los policías que están soportando esta situación extraordinaria; y hemos planteado alternativas de acogida que reduzcan la presión sobre la ciudad, como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad.
El SUP no se limita a señalar los problemas: propone soluciones, las traslada oficialmente a las administraciones competentes y, cuando considera que la seguridad de los policías puede estar en riesgo, utiliza también las herramientas jurídicas a su alcance para defenderlos.
Ante la falta de respuesta de la Administración, hemos acudido a la Justicia para solicitar su paralización inmediata.
