El Sindicato Unificado de Policía (SUP) representante de los agentes de la Policía Nacional reclama explicaciones sobre la falta de anticipación y exige un plan para recuperar la normalidad y proteger a los policías que llevan más de un mes sosteniendo un dispositivo extraordinario
Ante la comparecencia inminente del presidente del Gobierno en el Congreso para informar sobre la situación de Ceuta, el SUP considera que Pedro Sánchez debe responder también ante los policías nacionales que llevan más de un mes soportando las consecuencias de esta crisis.
El SUP no pretende entrar en una batalla política ni anticipar responsabilidades. Queremos explicaciones y, cuando se esclarezcan los hechos, exigiremos las responsabilidades que correspondan.
Por ello, planteamos al presidente tres cuestiones fundamentales:
- ¿SE HIZO TODO LO NECESARIO PARA ANTICIPARSE Y PROTEGER A LOS POLICÍAS?
El SUP ya solicitó el 25 de julio refuerzos y la habilitación de un CATE ante el incremento de las entradas. Después hemos conocido que los servicios especializados de la Policía venían realizando seguimiento y análisis del riesgo.
Que determinadas alertas sean frecuentes no significa que debamos normalizarlas. Los análisis policiales se elaboran para anticipar riesgos y adoptar medidas, no para quedarse encima de una mesa.
Queremos saber qué información existía antes del 30 de julio, cómo fue valorada y qué medidas se adoptaron. Y también si, después de desbordarse la frontera, Interior revisó inmediatamente esos avisos para determinar qué había ocurrido.
Si existieron fallos, deberán esclarecerse y asumirse las responsabilidades correspondientes. Lo que no aceptaremos es que recaigan sobre los policías que hicieron su trabajo.
- ¿CUÁL ES EL PLAN DEL GOBIERNO PARA RECUPERAR LA NORMALIDAD EN CEUTA?
Los refuerzos policiales son necesarios mientras persista esta situación, pero no pueden convertirse en la solución permanente.
Levan más de un mes con policías desplazados y sucesivos relevos desde diferentes puntos de España, con el impacto que ello supone tanto para los funcionarios como para sus familias y sus plantillas de origen.
El Gobierno debe explicar cuánto tiempo pretende mantener este dispositivo extraordinario y cuál es su estrategia para recuperar la normalidad.
