El Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato mayoritario en la Policía Nacional, denuncia con rotundidad la enorme irresponsabilidad que supone la Instrucción 7/2025 emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, que permite el consumo y la tenencia de drogas en vehículos estacionados sin que ello conlleve una sanción administrativa ni intervención policial.
Remarcan que esta medida, a todas luces inconcebible, neutraliza por completo la labor preventiva de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al dejar sin herramientas legales a los agentes para intervenir ante una situación que, en la práctica, puede derivar en tragedias en carretera.
A partir de ahora, según esta norma, indican, cualquier persona puede consumir sustancias estupefacientes dentro de un vehículo estacionado y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos, quedando completamente fuera del alcance de la actuación policial hasta que sea demasiado tarde. Como nos han transmitido decenas de compañeros desde todo el país: “Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior”.
Esta situación no solo desautoriza a los agentes, apuntalan, sino que envía un mensaje devastador a la ciudadanía: el consumo de drogas en vehículos está ahora protegido por una norma, aunque el vehículo pueda ponerse en circulación en cualquier momento.
¿Quién se hace responsable si eso termina en un accidente? ¿Quién protege a los conductores inocentes, a las familias que viajan cada día por nuestras carreteras?
Desde el SUP afirman que esta instrucción pone en riesgo directo la vida de miles de personas. Supone un retroceso gravísimo en la lucha contra las drogas y contra los delitos asociados al tráfico y consumo de estupefacientes. Además, deja en papel mojado todos los esfuerzos de concienciación y prevención impulsados por la DGT y por los propios agentes de tráfico y seguridad ciudadana.
Exigen la retirada inmediata de esta instrucción y la rectificación urgente por parte del Ministerio del Interior. Esta política de permisividad no solo socava el trabajo policial, sino que convierte las carreteras en un campo minado por la irresponsabilidad y ampara a quienes actúan al margen de la ley.
“Desde el SUP no vamos a permanecer en silencio ante una decisión que debilita la autoridad del Estado, desprotege a los ciudadanos y pone en peligro vidas humanas”.
