El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado ante la Inspección de Personal y Servicios de la Secretaría de Estado de Seguridad una serie de fallos técnicos detectados en los nuevos cascos, recientemente entregados a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Policía Nacional de Zaragoza. Según el sindicato, el nuevo equipo de protección individual incumple varios de los requisitos legales y técnicos que garantizan la seguridad operativa de los agentes en intervenciones de riesgo.
La denuncia, acompañada de documentación técnica, fotografías, pliegos oficiales y esquemas mecánicos, señala deficiencias graves que, a juicio del SUP, suponen “un riesgo real y concreto para la integridad física de los funcionarios”.
Manipulación peligrosa, sellado defectuoso y acabados deficientes
Uno de los principales problemas detectados es que la pantalla del casco solo puede accionarse con ambas manos, lo que impide al agente mantener el control de su escudo o arma durante situaciones críticas. Esta limitación contradice lo establecido en el propio Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el contrato de adquisición del material, donde se exige facilidad de uso con una sola mano.
El sindicato también advierte de un fallo de diseño que compromete el sellado hermético de la pantalla facial. La incorporación de una franja
amarilla adherida al casco genera un pequeño escalón que deforma la goma de ajuste e impide un cierre estanco, permitiendo la entrada de líquidos inflamables o agentes químicos sobre el rostro del agente.
A ello se suma la falta de recubrimiento rugoso en la zona de la cinta amarilla, lo que vulnera las especificaciones sobre resistencia a rayaduras y empeora la estanqueidad del conjunto.
Falta de transparencia y dudas en la recepción del material
El SUP no solo denuncia fallos en el diseño del casco, sino también en el procedimiento administrativo que permitió su distribución. Según el sindicato, no se ha facilitado el acta de la Comisión Receptora ni el informe técnico que avala la modificación introducida. Ambos documentos son obligatorios en el marco de la contratación pública.
Tampoco se ha proporcionado el certificado de conformidad del lote entregado, lo que abre dudas sobre la validez técnica y legal del proceso
de recepción del material.
Argumentación jurídica y exigencias sindicales
La denuncia se apoya en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y el Real Decreto 2/2006, advirtiendo que el uso de estos
cascos no se enmarca en actuaciones excepcionales que justifiquen un régimen específico. Al tratarse de equipamiento ordinario de dotación, debe cumplir con los estándares exigidos para cualquier EPI.
Entre las medidas solicitadas por el sindicato destacan:
• Un nuevo informe técnico con participación sindical.
• La retirada o sustitución del casco por otro modelo seguro.
• La restitución provisional de los cascos antiguos (modelo UIP) aún almacenados en Zaragoza.
• La modificación de los futuros pliegos de contratación para impedir que
decisiones estéticas comprometan la funcionalidad o la seguridad.
• Una respuesta oficial y motivada en los plazos previstos por la ley.
«No vamos a esperar a que haya un accidente»
“Llevamos meses advirtiendo de estos fallos. Nadie nos ha escuchado. No vamos a esperar a que haya un accidente para que alguien asuma
responsabilidades. Estos cascos deben retirarse inmediatamente”.
La denuncia se acompaña de seis anexos, entre ellos el contrato técnico original, informes de adjudicación y pruebas gráficas. El sindicato exige una respuesta urgente y la implicación directa de la Dirección General de la Policía.
