El Sindicato Unificado de Policía muestra su profunda preocupación ante el diseño del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, que, a juicio de esta organización, prioriza la tramitación administrativa frente a la seguridad pública.
Según la información trasladada desde distintas unidades operativas, el Ejecutivo ha establecido un plan de contención a nivel administrativo, centralizando la tramitación en una unidad específica —la UTEX de Galicia— con el objetivo de evitar el colapso en las Subdelegaciones del Gobierno. Sin embargo, no existe ningún plan equivalente para reforzar la carga de trabajo que recaerá sobre la Policía Nacional.
Esta situación genera un desequilibrio evidente: «Mientras se organiza la gestión burocrática de cientos de miles de expedientes, se deja sin refuerzo el elemento clave del proceso, que es el control policial de seguridad», manifiestan desde la organización sindical.
SIN MEDIOS, EL FILTRO DE SEGURIDAD SE DEBILITA
La regularización contempla la emisión de informes policiales, verificación de antecedentes y comprobación de identidades. Sin embargo para el SUP:
• Las unidades de Extranjería y UCRIF ya arrastran retrasos estructurales desde finales de 2025, derivados en gran parte de una incidencia en el sistema de filtrado de antecedentes.
• Esta situación fue finalmente solventada gracias a la insistencia y presión del Sindicato Unificado de Policía, que alertó del problema y exigió su corrección.
• A pesar de ello, las unidades no han tenido tiempo de recuperar la normalidad y ahora se enfrentan a una carga extraordinaria sin refuerzo alguno.
• No se ha previsto un incremento específico de plantillas para asumir el volumen masivo de solicitudes.
• Existen limitaciones técnicas evidentes: los propios sistemas de comunicación policial, como el correo corporativo, no están preparados para soportar un volumen masivo de intercambio de documentación.
• Además, el propio modelo introduce elementos preocupantes desde el punto de vista de seguridad, como la posibilidad de sustituir certificados de antecedentes por declaraciones responsables, en un contexto donde el acceso a información penal de países de origen es limitado o inexistente.
El SUP advierte de que la ausencia de antecedentes en España no equivale a ausencia de historial en el país de origen, por lo que cualquier relajación en los mecanismos de verificación supone un riesgo evidente.
SE PLANIFICA LA BUROCRACIA, PERO NO LA SEGURIDAD
Desde el SUP se denuncia que el Gobierno ha planificado cómo tramitar expedientes, pero no cómo garantizar un control efectivo: “Se ha organizado el papel, pero no la seguridad.”
La Policía Nacional será la encargada de realizar los informes, verificar identidades y detectar posibles riesgos, pero sin medios adicionales y con unidades ya saturadas, lo que puede convertir el filtro de seguridad en un mero trámite administrativo.
AUMENTO DE LA PRESIÓN MIGRATORIA
A esta situación se suma un contexto de presión migratoria creciente en los últimos meses, con nuevas rutas detectadas y un incremento de entradas por vías como la aérea o marítima como ha sucedido en Ceuta, lo que incrementa la carga operativa sobre la Policía Nacional en materia de control, identificación y gestión de expedientes.
El SUP advierte de que, en este escenario, lanzar un proceso de regularización masiva sin reforzar previamente los mecanismos de control puede agravar aún más la saturación del sistema y dificultar la gestión eficaz de la seguridad pública.
EXIGENCIA DEL SUP
El Sindicato Unificado de Policía exige:
• Refuerzo inmediato de plantillas en unidades de Extranjería y UCRIF.
• Mejora de los sistemas técnicos para gestionar el volumen de información.
• Acceso real y efectivo a bases de datos internacionales de antecedentes.
• Garantías de que los informes policiales serán rigurosos y no meramente
formales.
El SUP no cuestiona la legalidad de los procesos de regularización, pero sí advierte de que no pueden desarrollarse a costa de debilitar los mecanismos de control ni sobrecargar aún más a los agentes.
La seguridad pública no puede quedar relegada a un segundo plano. Sin medios, sin control y con un sistema ya tensionado, el riesgo es evidente.
