Desde el Sindicato Unificado de Policía han denunciado la absoluta irresponsabilidad de anunciar una regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes sin explicar cómo se va a garantizar la seguridad. «¿Quién va a asumir el control policial y con qué medios reales se pretende ejecutar?», cuestionan desde la organización sindical.
Desde el SUP señalan que la Policía Nacional no diseña la política migratoria, pero sí es quien asume las consecuencias de decisiones políticas mal planificadas. Denuncian que a día de hoy, no existe explicación alguna sobre quién verificará identidades, cómo se comprobarán antecedentes reales ni cómo se va a absorber una carga de trabajo que puede afectar a más de un millón de personas, en un cuerpo policial ya saturado.
Conviene decirlo alto y claro: «No tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales. Hay personas investigadas, identificadas o vinculadas a hechos delictivos que no han sido condenadas, y regularizar de forma masiva sin un análisis individualizado es una temeridad desde el punto de vista de la seguridad pública», manifiestan.
Advierten también del efecto llamada directo e inmediato que generan este tipo de anuncios. Señalan que regularizaciones amplias, con requisitos laxos y fechas límite claras envían un mensaje inequívoco: entrar de manera irregular acaba teniendo premio. Ese mensaje no lo pagan los responsables políticos que lo anuncian, sino los policías que luego tienen que gestionar la presión en fronteras, costas y calles.
Para el SUP resulta especialmente grave que, además, se pretenda señalar y desacreditar a la Policía hablando de “racismo institucional”. Los representantes de los policías denuncian que se encuentran ante una acusación falsa, injusta y profundamente irresponsable. «Los policías se limitan a aplicar la ley vigente, y utilizar ese discurso para tapar la falta de planificación política es intolerable», manifiestan.
Desde el SUP todo apunta a que estas decisiones responden a cálculos políticos cortoplacistas, no a una estrategia seria de gestión migratoria ni a una preocupación real por los derechos de las personas migrantes o por la seguridad ciudadana. «El resultado es siempre el mismo: beneficio para las mafias que trafican con seres humanos y abandono institucional de la Policía», denuncian.
Los profesionales de la seguridad pública advierten que estas medidas solo agravan situaciones ya críticas, como la Operación Paso del Estrecho o los escenarios de presión en frontera, incrementando el riesgo operativo, el colapso administrativo y el desgaste profesional de los agentes, mientras se sigue negando a la Policía los medios humanos, materiales y normativos que necesita.
Desde el Sindicato Unificado de Policía lo dicen sin rodeos: «sin más agentes, más medios y protocolos claros, esta regularización es una grave irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad y vuelve a cargar todo el peso sobre una Policía que ya está al límite».
