El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que personas privadas de libertad puedan acceder a los procesos de regularización, una medida que introduce una evidente contradicción en el modelo actual de gestión migratoria.
Desde el SUP recuerdan que la prisión preventiva no implica una condena firme, pero sí responde a una decisión judicial basada en indicios de delito y en la existencia de riesgos como fuga o reiteración. Ignorar ese contexto en un procedimiento administrativo supone tensionar los propios criterios de seguridad que el sistema dice proteger.
Esta situación se produce, además, en un escenario especialmente delicado
España presenta un desfase estructural entre las órdenes de expulsión dictadas y las realmente ejecutadas. En los últimos años, solo una parte mínima de las expulsiones acordadas llega a materializarse, debido a problemas de identificación, falta de cooperación consular o saturación administrativa.
En este contexto, si se confirma, facilitar la regularización desde prisión no solo amplía el alcance del proceso, sino que evidencia un cambio de lógica: personas que, en otros escenarios, estarían en el circuito de expulsión pasan a integrarse en un procedimiento administrativo sin que previamente se haya resuelto ese déficit estructural.
Desde una perspectiva policial, el problema no es la medida aislada, sino el marco en el que se aplica. La verificación de antecedentes —especialmente los de carácter policial— depende en gran medida de la información disponible, que no siempre es completa ni accesible, especialmente a nivel internacional. Esto limita la capacidad real de valorar perfiles de riesgo en un proceso que, además, se desarrolla con un volumen de solicitudes muy elevado.
El SUP advierte de que este tipo de decisiones, adoptadas sin un refuerzo paralelo de medios y sin resolver los problemas previos del sistema, pueden generar una pérdida progresiva de control. No se trata solo de a quién se incluye, sino de si el sistema tiene capacidad real para discriminar y gestionar adecuadamente cada caso.
Por ello, el Sindicato Unificado de Policía insiste en que cualquier ampliación de la regularización debe ir acompañada de garantías operativas reales, de lo contrario se corre el riesgo de consolidar un modelo en el que ni se ejecutan eficazmente las expulsiones ni se garantiza un control riguroso en los procesos de regularización.
Si el sistema no es capaz de ejecutar sus propias expulsiones y, al mismo tiempo, amplía la regularización a ámbitos de mayor complejidad como el penitenciario, la pregunta ya no es jurídica, es de capacidad real de control.
