La performance propagandística de la flotilla hacia Gaza ha ocasionado un gasto público de casi un millón de euros, según cifras reveladas por Antena 3. A esta cantidad se suman los costes de los billetes de avión, aún no detallados oficialmente a las arcas públicas
El Ministerio de Defensa ha destinado un total de 998.776 euros al show de «frepalestains» que se embarcaron en la flotilla española con destino a la zona de conflicto en Gaza. Esta cifra, confirmada por fuentes oficiales y difundida por Antena 3, incluye gastos logísticos, combustible, manutención y operativa de los buques implicados en la misión. Sin embargo, no contempla los costes derivados del transporte aéreo del personal, lo que eleva aún más el impacto económico de una operación financiada por todos los españoles.
La flotilla, compuesta por unidades de la Armada, fue movilizada como parte del dispositivo de evacuación y apoyo humanitario a ciudadanos españoles y europeos atrapados en la Franja de Gaza. Aunque la acción ha sido presentada como un gesto de compromiso internacional, el silencio sobre el coste total y la falta de desglose detallado han generado críticas en sectores que reclaman mayor transparencia en el uso de fondos públicos.
Desde varios sectores se ha seguido de cerca el gasto institucional y su repercusión en la seguridad nacional. La cuestión ahora es preguntarse qué tipo de despliegues se planifican con criterios de eficiencia y cuales responden a impulsos propagandísticos sin control ni evaluación presupuestaria previa. En un contexto de reivindicaciones por la mejora salarial de los cuerpos policiales y militares, este tipo de cifras adquieren especial relevancia.
Mientras el Estado no pestañea a la hora de gastar cerca de un millón de euros a un despliegue que muchos califican como acto propagandístico, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil continúan sin ser equiparados salarialmente con sus homólogos de las policías autonómicas, a pesar de desempeñar funciones similares —y en muchos casos más arriesgadas— en la protección diaria de los ciudadanos. Esta desigualdad estructural, que se arrastra desde hace años, sigue sin resolverse, mientras se aprueban partidas millonarias para operaciones internacionales que, aunque mediáticas, no responden a las urgencias internas de justicia y reconocimiento profesional.
En cuanto a este gasto millonario, la ausencia de información sobre los billetes de avión —que podrían representar decenas de miles de euros adicionales— deja abierta la incógnita sobre el coste real del operativo, y plantea dudas sobre la gestión económica del Gobierno en situaciones de emergencia internacional reales o inversión en bienestar, seguridad y garantías de los ciudadanos de España.
