La iniciativa ahonda en reclamaciones que llevan años siendo trasladadas al Gobierno de Pedro Sánchez y que siguen pendientes de resolución, como son los casos de la declaración de profesión de riesgo y la correspondiente jubilación anticipada de los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, la equiparación salarial con el resto de cuerpos de Policía Autonómicos, la actualización del catálogo de puestos de trabajo, la cobertura de vacantes y la modificación de la legislación vigente para excluir de la aplicación del código penal militar los hechos ocurridos fuera del ámbito laboral.
El pueblo gallego se hace así eco del descontento existente entre los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por la “falta de personal” y la “precariedad” material que padecen en su día a día.
“Los desafíos relacionados con el aumento de la criminalidad y la percepción de inseguridad en determinados contextos requieren herramientas modernas que permitan una acción más eficiente”, afirman.
El Partido Popular de Galicia insta al Gobierno central a dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en la Comunidad gallega de los medios necesarios para garantizar tanto el cumplimiento seguro y eficaz de sus funciones de seguridad como la protección de la integridad física de los agentes.
Lo hace a través de una proposición no de ley registrada en el Parlamento de Galicia después de que la secretaria general del partido, Paula Prado, la secretaria nacional de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, y el diputado autonómico Jesús Fernández Rosende mantuvieran una reunión con representantes de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil en la que mostraron su descontento por la “falta de personal” y la “precariedad” material que sufren en su día a día.
Una situación que supone un riesgo tanto para la seguridad de los agentes como para la de la ciudadanía en su conjunto, ya que “los retos relacionados con el aumento de la criminalidad y la percepción de inseguridad en determinados contextos requieren herramientas modernas que permitan una actuación más eficiente”. En este contexto, el Partido Popular defiende en su iniciativa que mejorar los recursos y medios de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para desempeñar “en condiciones de calidad, confortabilidad y funcionalidad” sus funciones–desde los recursos tecnológicos hasta los vehículos de servicio, así como las instalaciones– “contribuye a reforzar su eficacia en la prevención y persecución del crimen”.
Lo que demandan, por tanto, es que el Ministerio del Interior proporcione a todos los agentes de cámaras personales para garantizar su seguridad e integridad física, recabar pruebas y evitar abusos, y les facilite a la mayor brevedad otros materiales, como chalecos antibalas, esposas de seguridad, cinturones de anclaje, sprays defensivos, fundas antirrobo para armas cortas o dispositivos Taser.
Asimismo, exigen la realización de una auditoría pública y anual de los recursos materiales asignados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “con el objetivo de garantizar que los recursos no solo son suficientes y eficaces, sino también que están bien gestionados y cumplen plazos que no se prolonguen en el tiempo”.
También destacan la necesidad de rehabilitar instalaciones que actualmente se encuentran en mal estado, así como renovar aquellos vehículos de servicio de los diferentes organismos y departamentos que lo requieran.
Por último, reclaman que se establezca un nuevo sistema actualizado de dietas, separado del del resto de funcionarios de la Administración General del Estado, que tenga en cuenta la especialidad del trabajo desempeñado y que suponga un incremento retributivo en concepto de dietas.
Otras demandas para mejorar la seguridad
Más allá de estas cuestiones específicas vinculadas al cumplimiento del artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la iniciativa registrada por el Partido Popular de Galicia también ahonda en otras reclamaciones que llevan años siendo trasladadas al Gobierno de Pedro Sánchez y que siguen pendientes de resolución.
Es el caso de la declaración de profesión de riesgo y la correspondiente jubilación anticipada de los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, la equiparación salarial con el resto de cuerpos de Policía Autonómicos, la actualización del catálogo de puestos de trabajo, la cobertura de vacantes y la modificación de la legislación vigente para excluir de la aplicación del código penal militar los hechos ocurridos fuera del ámbito laboral.
