El Partido Popular ha presentado ante la mesa del Congreso una Proposición no de Ley para garantizar una protección adecuada contra el coronavirus a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y a los empleados públicos de instituciones penitenciarias para su debate en la comisión de interior.
Exige al Gobierno que se declare como personal de alto riesgo a la policía y funcionarios de prisiones como ocurre en las comunidades gobernadas por el Partido Popular
Una proposición firmada por la diputada y portavoz del grupo parlamentario popular Cayetana Álvarez De Toledo Peralta-Ramos, y por los diputados Ana Belén Vázquez Blanco, Isabel Borrego Cortés y Carlos Rojas García en la que se exige al Gobierno que dirige Pedro Sánchez que se refuerce la protección tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como de los funcionarios de prisiones, y que se les declare personal de alto riesgo, como ocurre en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, siendo un ejemplo de ello la comunidad gallega gobernada por el popular Alberto Núñez Feijoo.
Una protección que también se extienda a los empleados públicos de seguridad, con protocolos de actuación específicos para los ingresados en Centros de Detención de extranjeros y los internos que cumplen condena en los centros penitenciarios.
En este escrito, el Partido Popular solicita que se le dote a policías, funcionarios de prisiones y empleados públicos de seguridad de todo el material de urgente necesidad necesario, con una reserva suficiente que garantice su reposición inmediata.
Una iniciativa que plantea además aprobar protocolos de actuación para prevenir el contagio por coronavirus de los empleados públicos de seguridad, y protocolos de actuación específicos para la prevención del contagio por coronavirus de los ingresados en los Centros de Detención de Extranjeros y centros penitenciarios.
Además, insta a que se convoque de manera urgente a sindicatos, asociaciones profesionales y órganos competentes en la prevención de riesgos laborales, y la aprobación de medidas de conciliación familiar para agentes de Guardia Civil, Policía y funcionarios de Prisiones.
