Desde la Confederación Española de Policía ´-CEP- denuncian la ridícula cifra con la que el Ministerio del Interior que dirige el ministro Marlaska pretende indemnizar a los policías nacionales que trabajan de paisano y usan para ello su ropa, una cantidad que no llega a 13 euros mensuales, 153,84 euros al año, y se preguntan «porque con sólo 12 euros mensuales, ¿qué vamos a poder pagar?. ¿En dónde pretenden en Interior que compremos la ropa que se desgasta o estropea con esa miseria?. ¿Nos ponemos a hacer compras en mercadillos de domingo, de los de polígono industrial?».
Remarcan que desde que el 24 de septiembre de 2021 el Tribunal Supremo le diese un varapalo histórico a Interior, sentenciando que los policías que prestan servicio de paisano tienen derecho a una indemnización por vestuario, CEP viene trabajando para que se apruebe una Orden Ministerial que ponga fin a las miles de demandas judiciales que se ganan en toda España -muchas de ellas, de afiliados a los que representan sus servicios jurídicos- y se pague, de forma automática y sin necesidad de recurrir a la Justicia, el dinero que corresponde a los más de 24.000 agentes que se verían beneficiados por un avance que tenía que llegar, sí o sí.
En CEP lo pidieron ya en septiembre de aquel año y volvieron a insistir en julio de 2024. La Dirección General de la Policía les respondió que ya estaban elaborando la norma y ayer confirmaron que está previsto que se informe en el Consejo de Policía de 22 de mayo de 2025, al que no asistirán al estar conflicto colectivo «frente a los desprecios olímpicos de Interior a sus derechos profesionales».
El dinero que se prevé en ese borrador de norma para indemnizar el vestuario sería de 153,84 euros anuales. «Una cifra ridícula no ya sólo para los escoltas sino para cualquier compañero o compañera, sea de la escala que sea, que preste servicio en unidades de investigación de cualquier área operativa como es Policía Judicial, Información, Extranjería y Fronteras, BOA, UAI, etc.. Porque con sólo 12 euros mensuales, ¿qué vamos a poder pagar?. ¿En dónde pretenden en Interior que compremos la ropa que se desgasta o estropea con esa miseria?. ¿Nos ponemos a hacer compras en mercadillos de domingo, de los de polígono industrial?».
Indican que los 3,7 millones de euros anuales que se van a dedicar en los presupuestos de la Dirección General de la Policía a pagar esta indemnización no dejan de ser una gota de agua en unas cuentas públicas que destinan partidas mucho mayores, como las del Ministerio del Interior, a pagar la jubilación anticipada de policías autonómicas o una parte del coste de los Mossos d’Esquadra. Señalan desde la CEP que aunque los Presupuestos Generales del Estado sigan prorrogados, el fondo de contingencia perfectamente podría haber soportado un esfuerzo mayor. Interior no ha sabido o querido presionar más o convencer al Ministerio de Hacienda, «y eso, una vez más, es un motivo más que suficiente para que todos los sindicatos estuviéramos en conflicto colectivo y no para que tres sigan negándose a hacerlo, dando así oxígeno a Grande-Marlaska. Nosotros lo tenemos claro y vamos a seguir así hasta que no haya avances reales en nuestros derechos profesionales».
Un desprecio tras otro
Y es que desde esta organización policial no se olvidan las palabras que emanaron antes del verano pasado desde Interior y que prometían para septiembre ya un documento de trabajo de una nueva jornada laboral que afecta a todo el colectivo policial, y que transcurrido casi una año pretenden que quede en el olvido con prórrogas del turno 6×6 para no avanzar en una nueva jornada que afecte a los más de 74.000 efectivos que compone el cuerpo policial.
Aún en el día de ayer agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se concentraron de mano de la Confederación Española de Policía frente a las instalaciones policiales de Casa de Campo, en Madrid, para denunciar el bloqueo que está imponiendo el jefe superior de Policía de Madrid, el comisario principal Javier María Galván, a una mesa de negociación solicitada por esta organización sindical el 4 de marzo pasado para tratar de mejorar las condiciones de prestación del servicio de los grupos operativos de la Unidad de Prevención y Reacción que desarrollan sus cometidos durante el día en la capital y en toda la región, remarcando que la UPR, cuya actividad es esencial para la seguridad, ya que asume funciones, entre otras, de prevención de la delincuencia, orden público o apoyo a unidades de investigación en la explotación de operaciones contra la criminalidad organizada.
Denunciando la falta de esos avances en un derecho profesional esencial, que permitan proteger tanto la operatividad de la UPR como la conciliación de la vida laboral y personal de los aproximadamente 160 agentes afectados por esta reivindicación en la ciudad de Madrid, encontrándose con una actitud de boicot por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que se niega a abrir una mesa de negociación y que pese a conocer la petición de esta organización sindical desde hace ya dos meses, emprendiendo una huida hacia delante, ignorando esa legítima petición amparada por la normativa específica de la Policía Nacional.
La solicitud tramitada por CEP en marzo venía acompañada de una propuesta concreta de cadencia en la prestación del servicio, que apoyaron mayoritariamente el 87% de los policías afectados en un sondeo llevado a cabo por este sindicato representativo, sin embargo, denuncian que la estrategia de la Jefatura ha sido ignorar esta propuesta y hacer oídos sordos a un clamor interno en la UPR, lo que «representa en este momento un desprecio profesional hacia los policías y constituye un riesgo evidente para el clima laboral de una de las unidades de la Policía Nacional más operativas y esenciales para la protección de la seguridad ciudadana».
Denuncian que «esa mesa de negociación no sólo está siendo bloqueada por el jefe superior de Policía, que se niega a convocarla -y en la que participarían todos los sindicatos representativos, sino que, además, pretende ser sustituida por un sucedáneo de foro de debate -las reuniones trimestrales que la Jefatura Superior celebra con los sindicatos para cuestiones totalmente ajenas a esa materia- en un intento bastante evidente de ganar tiempo y sabotear cualquier avance».
Indican que esta actitud está deteriorando el clima laboral de esa Unidad porque cualquier petición de mejora o avance en materia en la jornada laboral se está encontrando con frases como “aquel que no esté contento aquí, ahí tiene la puerta”, que algún mando ha debido rescatar de algún manual de liderazgo del siglo pasado, una estrategia, señalan, de «tensionar una Unidad, la UPR, a todas luces, una imprudencia que hay que evitar a toda costa mostrando diálogo y empatía hacia las legítimas aspiraciones de mejoras laborales de unos excelentes profesionales de la seguridad pública».
