Las últimas declaraciones del juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, han provocado un profundo malestar en el seno de la Policía Nacional y han abierto un nuevo frente político y judicial. El magistrado ha retirado el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno alegando riesgo de fuga y, en un auto que ya circula por todas las instancias, llega a sugerir que los propios agentes encargados de su protección podrían colaborar en una hipotética evasión. Las palabras han generado indignación entre mandos policiales, sindicatos y expertos en seguridad pública, que consideran la afirmación “inédita, injusta y extremadamente grave”.
El juez Peinado justifica la retirada del pasaporte de Begoña Gómez en la existencia de un supuesto riesgo de fuga. Hasta ahí, una medida cautelar discutible pero jurídicamente conocida. Lo que ha encendido todas las alarmas es el razonamiento que acompaña esa decisión.
En su escrito, el magistrado afirma:
“Lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
La frase, de enorme carga institucional, pone en cuestión la profesionalidad, neutralidad y lealtad constitucional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía encargados de la protección de autoridades y familiares del presidente del Gobierno.
Indignación en el ámbito policial: “Una acusación sin precedentes”
Fuentes policiales consultadas por h50 trasladan un sentimiento unánime: sorpresa, indignación y preocupación por el precedente que abre este tipo de afirmaciones.
Los agentes destinados a la seguridad de autoridades —incluidos los familiares del presidente— pertenecen a unidades altamente especializadas, sometidas a protocolos estrictos, supervisión permanente y un régimen disciplinario especialmente exigente. Su misión es garantizar la integridad física de las personas asignadas, no participar en decisiones políticas ni judiciales.
Mandos policiales califican la insinuación del juez como “un ataque directo a la honorabilidad del Cuerpo” y advierten de que “nunca en democracia un magistrado había sugerido que la Policía Nacional pudiera colaborar en una fuga”.
Sindicatos policiales, por su parte, consideran que el auto “erosiona la confianza pública en las instituciones” y “pone en duda el trabajo de miles de agentes que cada día arriesgan su vida por la seguridad de todos”.
El impacto institucional: un choque entre poderes del Estado
Las palabras del juez Peinado no solo afectan a la Policía Nacional. También tensionan la relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo, al insinuar que los superiores jerárquicos de los escoltas —dependientes del Ministerio del Interior— podrían ordenar una actuación ilegal para favorecer a la esposa del presidente.
Expertos en derecho constitucional consultados señalan que este tipo de afirmaciones, sin pruebas concretas que las sustenten, “pueden comprometer la separación de poderes y alimentar un clima de desconfianza institucional”.
Además, la acusación implícita hacia un cuerpo policial que actúa bajo principios de legalidad, jerarquía y neutralidad política abre un debate profundo sobre los límites de la argumentación judicial en medidas cautelares.
La Policía, entre el deber y la sospecha
Los agentes de seguridad de autoridades trabajan bajo un principio básico: proteger la vida de la persona asignada, independientemente de su ideología, cargo o situación judicial. Su labor es técnica, no política.
Cuestionar su lealtad constitucional no solo afecta a los escoltas de Begoña Gómez, sino a todas las unidades de protección del Estado: desde la seguridad del presidente hasta la de ministros, jueces, altos cargos o testigos protegidos.
La sombra de sospecha que introduce el auto de Peinado podría tener consecuencias en la percepción pública del trabajo policial y en la confianza entre instituciones.
Las declaraciones del juez Peinado han abierto un debate que va mucho más allá de la situación procesal de Begoña Gómez. Han puesto en el centro del foco a la Policía Nacional, un cuerpo que históricamente ha demostrado profesionalidad, neutralidad y compromiso con el Estado de Derecho.
La insinuación de que sus agentes podrían facilitar una fuga no solo carece de precedentes, sino que amenaza con erosionar la confianza en una de las instituciones fundamentales de la seguridad pública en España.
Mientras el procedimiento judicial continúa, la polémica ya está instalada en el debate político, mediático y profesional. Y la pregunta que muchos se hacen es si un auto judicial puede permitirse cuestionar sin pruebas la integridad de quienes, cada día, garantizan la seguridad de todos.
