La inminente aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto de reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería para regularizar en España a una bolsa de inmigrantes ilegales de cientos de miles de personas -algunas fuentes la sitúan cerca de los 800.000- constituye, a juicio de la Confederación Española de Policía, una iniciativa que perjudicará gravemente el trabajo policial frente a las mafias que trafican con los seres humanos, romperá un consenso previo de dos décadas y nos situará frente a la estrategia que la Unión Europea viene impulsando en esta materia y que descansa en el establecimiento de flujos ordenados y firmeza frente a las llegadas no regulares.
En un plano estrictamente policial, desde CEP queremos recordar que Europa constituye un referente para la inmigración irregular, que ve allí un espacio de oportunidad por las diferencias de renta, niveles de cobertura social y seguridad respecto a los países de origen. Y en lo relativo a España, esa atracción se proyecta con mucha mayor intensidad en los países de África. Siendo eso así, la elección de una u otra ruta de llegada a Europa está relacionada con las oportunidades que el país de acogida ofrezca para garantizar el objetivo final de cualquier inmigrante que, lógicamente, es permanecer en suelo europeo de forma permanente. Por ello, los Estados que ofrecen ventajas se convierten en destinos más atractivos para los inmigrantes y, lo que es peor, para las mafias que comercian con ellos y sus vidas.
Cualquier cambio normativo que implique una relajación de la exigencia de requisitos para la llegada a España o la legalización de inmigrantes irregulares trasciende de inmediato, incluso en las fases de preparación del proyecto normativo. Las mafias utilizan esa información como ‘gancho’ para captar potenciales clientes que quieran abandonar sus países de origen y llegar al nuestro, atraídos por esas promesas de futuras regularizaciones, como la que ahora pretende sacar adelante el Gobierno mediante un Real Decreto. En definitiva, esa estrategia tiene unos efectos indudables sobre la actividad policial en la lucha contra las redes de trata de seres humanos y en la gestión de las llegadas de inmigrantes ilegales a nuestras costas o por cualquier otro punto. Estamos, por ello, ante una reforma que se sitúa a años luz de los criterios técnicos policiales que deberían haber presidido una iniciativa como la que hoy se va a aprobar.
Por otra parte, desde CEP queremos recordar que esta medida rompe un consenso tácito mantenido durante los últimos veinte años entre Gobiernos de diferente signo político, que han entendido que el mensaje que se lanza con regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales perjudica los intereses de España, daña nuestra firmeza frente a quienes se aprovechan de ese drama y tiene un indudable efecto llamada que pone en riesgo nuestro compromiso con la Unión Europea frente a los flujos no ordenados de inmigrantes. Si desde 2005 ningún Gobierno ha transitado por esta senda es que se ha entendido que una medida de esta naturaleza no resulta de interés para el Estado, frente a lo que ahora se pretende.
Las iniciativas impulsadas en 1986, 1991 y 2005 por Gobiernos socialistas y las de 1996, 2000 y 2001 de Gobiernos populares jamás tuvieron el impacto que ahora puede alcanzarse, ya que la mayor -que permitió regularizar a 570.000 inmigrantes en 2005- puede estar incluso muy por debajo del efecto que provocaría la que ahora se quiere sacar adelante, que algunas fuentes cifran en una bolsa de unos 800.000 inmigrantes. Se va a batir, por tanto, un récord en un momento en el que la estrategia que sostienen nuestros socios en la Unión Europea camina en un sentido inverso y se va a hacer, además, reconociendo que la finalidad de esta iniciativa no es otra que restaurar una aritmética parlamentaria y no la consecuencia de un análisis riguroso, técnico y profesional.
Y es que, como denunciamos desde CEP, esta medida nos aleja del consenso europeo sobre la gestión de flujos migratorios basada en el orden y la previsibilidad, en la firmeza frente a las mafias y en evitar cualquier mensaje que pueda ser utilizado como efecto llamada y que, en definitiva, perjudique tanto la actividad policial como las capacidades de un Estado para gestionar esos flujos migratorios ilegales.
En este sentido, España merece ser un socio fiable en la Unión Europea. Esta medida nos sitúa como un país que va en otra dirección frente al criterio mayoritario. Cambiamos las reglas de juego para aflorar bolsas de ilegales y eso también tiene un impacto en los flujos migratorios que llegan a Europa. Frente a la mayor firmeza del resto de países para no estimular la llegada de inmigrantes ilegales, aquí estamos a facilitar que los que han llegado sin cumplir los requisitos puedan quedarse.
En definitiva, esta medida es perjudicial en el plano policial. Ayuda a las mafias a colocar su producto. Puede generar un aumento de los flujos migratorios. Y nos sitúa fuera de la dinámica consensuada de la Unión Europea en cuanto a firmeza y previsibilidad de nuestra estrategia frente a la inmigración ilegal.
