Ante las informaciones conocidas sobre el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, desde la organización sindical Unión Federal de Policía quieren denunciar la absoluta falta de planificación y el agravio que, una vez más, sufren los policías nacionales.
A falta de menos de un mes para la finalización del plazo establecido, ya se han registrado cerca de 600.000 solicitudes de regularización, una cifra que previsiblemente continuará aumentando conforme se acerque la fecha límite.
Nos encontramos, por tanto, ante uno de los mayores procesos
administrativos de esta naturaleza desarrollados en nuestro país.
La regularización y documentación de una persona constituye un
procedimiento de enorme trascendencia jurídica, administrativa y de seguridad. Precisamente por ello, las comprobaciones y verificaciones son necesarias, obligatorias e ineludibles. No pueden relajarse, simplificarse ni rebajarse por razones de oportunidad política o por la presión derivada del elevado volumen de expedientes.
Sin embargo, las unidades policiales encargadas de la documentación y expedición de identificaciones soportan desde hace años una carga de trabajo muy elevada. Pretender que estas mismas plantillas absorban ahora un incremento extraordinario de cientos de miles de solicitudes sin refuerzos suficientes es, sencillamente, imposible.
Conviene recordar que la disponibilidad de personal para realizar servicios extraordinarios no es ilimitada. No lo es en la Policía Nacional ni en ningún otro cuerpo policial. Los recursos humanos tienen un límite y los agentes llevan años soportando una creciente presión operativa derivada de la falta de efectivos.
Pero lo más grave no es únicamente la falta de planificación. Lo verdaderamente sangrante es el mensaje que el Gobierno vuelve a trasladar a los policías.
Ahora que necesita agentes para sacar adelante su proceso de regularización masiva, ofrece el pago de hasta 25 euros por hora para la realización de estos servicios extraordinarios. Sin embargo, cuando esos mismos policías son requeridos para reforzar la seguridad ciudadana, los dispositivos preventivos o los grandes eventos, la retribución ofrecida es de unos 10 euros brutos por hora.
La comparación es demoledora y deja al descubierto cuáles son las verdaderas prioridades del Ejecutivo. Durante años se nos ha dicho que no había presupuesto suficiente para dignificar las
horas extraordinarias destinadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ahora comprobamos que el problema nunca fue económico. El problema siempre ha sido de prioridades.
Para este Gobierno, la seguridad pública se paga barata. En cambio, cuando se trata de sacar adelante una iniciativa política propia, sí aparecen los recursos necesarios para retribuir adecuadamente el trabajo policial.
Los policías merecen respeto, reconocimiento y una remuneración justa, independientemente de cuál sea la tarea que desempeñen. No puede haber policías de primera para determinados proyectos gubernamentales y policías de segunda cuando se trata de proteger a los ciudadanos.
Los hechos hablan por sí solos. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
