Una nueva acusación pública de discriminación relacionada con guardias civiles y policías nacionales se ciñe a la figura del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del ministro del Interior Grande Marlaska.
La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) denuncia públicamente que mientras los agentes de las policías autonómicas y locales tienen reconocida y catalogada su labor como profesión de riesgo, los agentes de los cuerpos estatales no, por lo que guardias civiles y policías nacionales sufren una grave discriminación que conlleva una pérdida retributiva del 30% en la jubilación, además de hacerlo a los 65 años, frente a los 59 de los primeros.
Remarcan que el actual modelo policial en España avanza a dos velocidades bien diferenciadas, por un lado, las policías autonómicas y locales, mucho más consensuado y adaptado a los tiempos, por otro, el de Policía Nacional y Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes en exclusiva del actual Gobierno, que sufren un grave agravio en cuanto a derechos, aunque realicen el mismo trabajo.
Por este motivo, se ha creado la nueva Plataforma por una Jubilación Digna y la plena Equiparación Salarial de Policías Nacionales y Guardias Civiles, integrada por casi la totalidad de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, en la que participa IGC, y donde se defiende el lema, “mismo trabajo, misma jubilación”.
Las plantillas de los cuerpos estatales están envejeciendo a pasos agigantados, ya que el personal que trabaja en servicios operativos se ve obligado a permanecer en situación de activo hasta los 65 años, de lo contrario llegan a perder hasta un 25 % de sus retribuciones, ya de por sí mucho menores que las de las policías autonómicas y locales.
Indican que tal envejecimiento pone en entredicho no sólo la eficacia del servicio a la ciudadanía, sino la calidad de vida de los propios funcionarios, que con la disminución de las facultades psicofísicas al llegar a determinada edad, tienen que hacer frente a una profesión de riesgo como la de policía.
El Gobierno discrimina a los funcionarios de ámbito estatal, al no reconocer su labor como profesión de riesgo, cuestión que sí hace con el resto de policías del país, tanto autonómicas como locales.
Así la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, tiene jubilación anticipada desde el año 2008, las policías locales desde el 2019, y más recientemente Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra desde el 2022.
Por este motivo, IGC se ha adherido a la Nueva Plataforma por la Jubilación Digna y la Equiparación Salarial, con el convencimiento de que ha llegado el momento de que el Gobierno tome medidas urgentes en el envejecimiento de las plantillas, mejorar el sistema de seguridad pública y acabar con los agravios existentes entre los distintos cuerpos policiales.
Dicha Plataforma, exige el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial publicado en el BOE el 20 de marzo de 2018, con la finalidad de alcanzar la plena y total equiparación entre todos los cuerpos policiales que desarrollan funciones similares, impulsar la modernización y mejora de la calidad en la prestación del servicio, así como las condiciones de trabajo de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
