La reivindicación de Policía Nacional y Guardia Civil para ser reconocidos como profesión de riesgo acumula más de 70 intentos frustrados en los últimos años. Mientras tanto, otras actividades laborales sí cuentan con esta protección reforzada. El bloqueo político y administrativo ha generado un profundo malestar en ambos cuerpos y ha reactivado la discusión sobre el trato institucional hacia quienes asumen funciones esenciales en la seguridad del Estado.
Un reconocimiento que nunca llega
La declaración de profesión de riesgo implica un coeficiente reductor de la edad de jubilación y un reconocimiento explícito de la peligrosidad inherente al trabajo. En el caso de Policía Nacional y Guardia Civil, esta condición ha sido solicitada reiteradamente por asociaciones y sindicatos, pero el Gobierno ha frenado o anulado hasta 70 iniciativas —entre propuestas parlamentarias, enmiendas, informes y trámites administrativos— que buscaban equiparar su situación a la de otros colectivos.
Fuentes de ambas instituciones señalan que la negativa se ha justificado en ocasiones por la “naturaleza militar” de la Guardia Civil o por la “estructura funcionarial” de la Policía Nacional, argumentos que las organizaciones profesionales consideran inconsistentes y discriminatorios.
Al igual que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los agentes de Vigilancia Aduanera que tanta lucha realizan contra el narcotráfico en áreas especialmente declaradas como de alta peligrosidad tampoco son reconocidos como profesión de riesgo.
Profesiones que sí están reconocidas como de riesgo
Mientras los cuerpos policiales estatales continúan sin este estatus, otras profesiones sí cuentan con el reconocimiento oficial de profesión de riesgo, entre ellas:
- Artistas: cantantes, bailarines, trapecistas, actores
- Profesionales taurinos: toreros, banderilleros, picadores.
- Bomberos
- Policías autonómicas y locales (según normativa autonómica o municipal)
- Trabajadores del sector minero
- Personal de vuelo y tripulaciones aéreas
- Trabajadores del mar
- Personal penitenciario (en determinadas categorías y funciones)
La paradoja es evidente: cuerpos policiales con competencias directas en terrorismo, crimen organizado, narcotráfico o violencia armada siguen sin un reconocimiento que sí se aplica a colectivos con riesgos laborales muy distintos.
Impacto en la moral y en la operatividad
Las asociaciones profesionales alertan de que esta situación afecta a la motivación interna y dificulta la captación y retención de talento en ambos cuerpos. La ausencia de un coeficiente reductor de jubilación obliga a miles de agentes a prolongar su carrera en puestos operativos que requieren condiciones físicas exigentes.
Además, recuerdan que Policía Nacional y Guardia Civil son los responsables directos de la seguridad ciudadana en la mayor parte del territorio, así como de misiones de alto riesgo como:
- Intervenciones armadas
- Lucha contra el terrorismo
- Control de fronteras
- Protección de infraestructuras críticas
- Operaciones contra el crimen organizado
Un debate que trasciende lo laboral
El bloqueo reiterado ha generado un debate social más amplio: ¿cómo valora el Estado a quienes garantizan la seguridad pública? ¿Debe la peligrosidad real prevalecer sobre criterios administrativos o políticos? ¿Es coherente que cuerpos autonómicos o locales tengan un reconocimiento que se niega a los cuerpos estatales?
Expertos en seguridad consultados coinciden en que la falta de homogeneidad normativa crea desigualdades injustificadas y puede afectar a la eficacia del sistema de seguridad pública en su conjunto.
Expectación ante los próximos movimientos
Las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil han anunciado nuevas movilizaciones y acciones institucionales para exigir un trato equiparable al de otros cuerpos policiales y profesiones de riesgo. La cuestión, lejos de cerrarse, se ha convertido en un punto de fricción permanente entre el Gobierno y los representantes de los agentes.
El debate continúa abierto y, con él, la demanda de miles de profesionales que reclaman un reconocimiento que consideran más que merecido.
🔵 Cronología de los 70 bloqueos a la declaración de profesión de riesgo
2017–2018: Primeras iniciativas formales
- Asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional registran las primeras peticiones oficiales para aplicar coeficientes reductores de jubilación.
- El Gobierno solicita informes técnicos, pero ninguno prospera.
2019: Propuestas parlamentarias sin recorrido
- Diversos grupos políticos presentan proposiciones no de ley para reconocer a ambos cuerpos como profesión de riesgo.
- Las iniciativas se debaten, pero son rechazadas o decaen por cambios de legislatura.
2020: Inicio de la pandemia y parálisis administrativa
- Las organizaciones profesionales reactivan la reivindicación, alegando aumento de riesgos operativos.
- El Gobierno alega “prioridades sanitarias” y pospone cualquier trámite.
2021: Primer gran bloque de negativas
- Interior y Seguridad Social rechazan varias solicitudes argumentando “falta de encaje jurídico”.
- Se acumulan más de 20 iniciativas frenadas entre informes, enmiendas y propuestas.
2022: Reconocimientos a otros colectivos, pero no a Policía y Guardia Civil
- Se amplía el reconocimiento de profesión de riesgo a bomberos forestales y determinados colectivos autonómicos.
- Las peticiones de los cuerpos estatales vuelven a ser desestimadas.
2023: Incremento de la presión sindical
- Las asociaciones registran nuevas solicitudes y comparecen en el Congreso.
- El Gobierno rechaza más de una decena de trámites, alegando “impacto presupuestario”.
2024: Nuevas enmiendas y nuevo bloqueo
- Se presentan enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado para incluir el reconocimiento.
- Todas son anuladas o no admitidas a trámite.
2025: El número de iniciativas frenadas supera las 70
- Informes, enmiendas, proposiciones y solicitudes formales suman más de 70 intentos fallidos.
- Las asociaciones denuncian un “bloqueo político sistemático”.
2026: Reapertura del debate público
- La cifra de negativas se convierte en un argumento central en las movilizaciones de ambos cuerpos.
- El Gobierno mantiene su postura, mientras crece la presión social y mediática.
