A partir del 10 de noviembre de 2025, el Gobierno español ha decretado la prohibición de criar aves de corral al aire libre como medida preventiva ante el aumento de casos de gripe aviar en Europa y en territorio nacional. Esta orden, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, afecta principalmente a las gallinas, que deberán permanecer encerradas en corrales o cobertizos, sin contacto con el exterior.
Esta decisión, aunque motivada por razones sanitarias, contraviene directamente los principios de bienestar animal que han guiado la evolución de la ganadería avícola en los últimos años. Hasta ahora, se había promovido activamente la cría en libertad o semilibertad, permitiendo a las gallinas acceso a espacios abiertos, luz solar y comportamientos naturales como el escarbar o el baño de polvo. Con la nueva normativa, todo esto queda suspendido.
Riesgos del confinamiento intensivo
Encerrar a las aves en espacios cerrados no solo limita su bienestar psicológico y físico, sino que aumenta el riesgo de otras enfermedades, como infestaciones por piojos, ácaros y problemas respiratorios derivados de la acumulación de polvo y amoníaco. Además, el estrés generado por el hacinamiento puede derivar en agresividad entre los animales y una caída en la calidad de los huevos.
Una medida contraproducente
La medida resulta especialmente contradictoria si se considera que existen alternativas viables para evitar el contacto con aves silvestres —principales transmisoras del virus— sin necesidad de encerrar a las gallinas. Bastaría con ordenar el vallado completo de los espacios exteriores mediante lonas, mallas metálicas o redes pajareras, tal como se contempla en casos excepcionales dentro de la propia normativa pero no como alternativa real o inmediata. Esta solución permitiría mantener el acceso al aire libre sin comprometer la bioseguridad.
Además del confinamiento total de aves de corral, otros países europeos han adoptado medidas más flexibles y adaptadas a cada situación epidemiológica, como el uso de mallas protectoras, zonas de vigilancia y restricciones específicas por especie.
¿Dónde queda el equilibrio entre sanidad y bienestar?
La gripe aviar es una amenaza real, pero la respuesta del Gobierno parece desproporcionada y poco matizada. En lugar de aplicar medidas adaptadas a cada tipo de explotación, se impone una solución única que penaliza a los productores que han apostado por modelos más éticos y sostenibles.
Es urgente que se revise esta normativa y se abra un diálogo entre autoridades sanitarias, veterinarios y asociaciones de bienestar animal para encontrar soluciones que protejan la salud pública sin sacrificar el bienestar de miles de animales.
La gripe aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a las aves, pero también puede infectar a mamíferos, incluidos los seres humanos. Está causada por distintos subtipos del virus de la influenza A, como H5N1 o H7N9, y puede provocar una elevada mortalidad en aves de corral en cuestión de horas. En humanos, el riesgo de contagio es muy bajo, y suele producirse únicamente por contacto directo con aves infectadas o sus secreciones. Aunque no se transmite fácilmente entre personas, los expertos advierten que ciertas cepas podrían evolucionar y aumentar su capacidad de contagio humano, lo que plantea un riesgo potencial para la salud pública. Por ello, se insiste en mantener estrictas medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente en zonas donde se han detectado focos recientes.
