El director general de la Policía Nacional en el punto de mira judicial por los errores de la División de Personal

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Ha vuelto a ocurrir, remarcan desde el sindicato de la Policía Nacional CEP, “la División de Personal y sus errores -muchos, demasiados ya- han provocado esta vez un incendio que puede llegar hasta la puerta del despacho del director general de la Policía“. Los retrasos en la ejecución de sentencias que los servicios jurídicos de este sindicato policial han ganado han terminado por cansar a los jueces, que ya no sólo ponen en el punto de mira de posibles medidas coercitivas (multas) y penales al jefe de la División sino que amagan con hacerlo con el propio director general, indican desde el sindicato.

El caso no es nuevo, en una sentencia de octubre de 2019 CEP gana para un de sus afiliados de Las Palmas, el resarcimiento económico por compensaciones por exceso horario. Más de tres años después piden al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ejecute esa sentencia y tome medidas, ante un retraso intolerable. La respuesta del Tribunal viene recogida un auto de enero de 2023 en el que da un ultimátum de diez días a la DGP para que pague lo que le debe al compañero.

Pero hay más, remarcan, si no lo hace, habrá multas contra el funcionario de la División de Personal que sea culpable de esto -dan cinco días para identificarle- y se advierte que se trasladará a Fiscalía por un posible delito de desobediencia grave. Además, la Sala del Tribunal Superior de Justicia advierte que ambas medidas, multa o responsabilidad penal, se aplicarán si no se paga ya al afiliado de este sindicato policial, y se hará responsable a quien no lo ejecute, incluido el director general de la Policía si no identifica al culpable de este caos burocrático.

La División de Personal se ha convertido en un foco permanente de problemas, remarcan desde la CEP, muchísimos compañeros sufren las consecuencias de una pésima gestión y los sindicatos la negativa reiterada a facilitarles información para hacer su trabajo. La solución cada vez está más clara y todos la sabemos. La Dirección General de la Policía tiene en su mano atajar este grave problema”, indican desde el sindicato policial.

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