El Congreso rechaza que las FFCCS puedan entrar en domicilios en caso de usurpación

Solo Vox que llevó la propuesta al Congreso, junto con PP, Ciudadanos y Foro Asturias votaron a favor de la modificación la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que el PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas votaron en contra

La Proposición de Ley, del Grupo Vox, relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795, y para modificar el artículo 553, en relación con esos mismos delitos, ha sido rechazada por 151 votos a favor, 186 en contra y 4 abstenciones.

Vox, consideró en la exposición de motivos de la iniciativa, que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles “no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles”. Así, ve razonable extender la facultad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “de irrumpir en espacios cerrados, aun cuando constituyan domicilios, sin necesidad de obtener previamente mandamiento judicial ni autorización de los moradores”, a los delitos de usurpación de bienes inmuebles. Para ello, esta proposición de ley modifica los artículos 79.1 y 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con la ocupación ilegal de viviendas.

La portavoz de VOX en la comisión de Vivienda, Cristina Esteban, ha sido la encargada de presentar la Proposición de Ley en Pleno por la cual se exige que se endurezcan las penas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se amplíe la protección de los propietarios.

“Les pedimos que apoyen esta ley que permitirá reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dotándolos de herramientas para el desalojo inmediato. Y que se enjuicie inmediatamente al okupa”, ha señalado mandando un mensaje al resto del arco parlamentario. “¿Por qué no aprovechan la oportunidad de hacer por fin una cosa bien? Sean justo por una vez y voten algo que sirva de verdad para defender a los españoles”. 

La diputada por Valencia ha hecho una comparación de cómo en el resto de países de Europa se defiende el derecho de la propiedad mientras que España se ha convertido el paraíso de la okupación. 

“Lo que quieren es que no aprueben más leyes vacías ni reales decretos que, en nombre de una falsa vulnerabilidad, agudicen y eternicen el problema a costa de la dignidad de las familias. Pero no sólo de su dignidad, de sus ahorros. Los ahorros que tienen que gastar en pagar el agua y la luz de los okupas. Los ahorros que tienen que gastar en abogados para recuperar su casa”, ha explicado antes de poner voz a familias como la de Enrique y Luisa que han perdido todo después de haber perdido su vivienda.

“Es nuestra obligación como representantes de la soberanía nacional garantizar la protección social, económica y jurídica de las familias que se encuentren en situación de indefensión y ayudarlas para salir adelante”, ha concluido.

La mayoría de la cámara admite que, si bien el problema existe, no afecta mayoritariamente a propietarios particulares, sino a bancos o fondos inversores. El PSOE y el resto de fuerzas de izquierdas, nacionalistas e independentistas rechazaron unánimemente la toma en consideración de proposición de ley, planteada por Vox, contando sólo el apoyo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias.

Para Pilar Garrido de Podemos “Es un escenario delirante que no se corresponde con la realidad”.

El diputado del PSOE Vicent Manuel Sarriá dijo que Vox “Tienen el objetivo de generar alarma social cueste lo que cueste”.

Por su parte, la popular Ana María Zurita explicó que “No se puede disfrazar el hurto con derechos constitucionales ni cargar sobre la propiedad privada el problema de la vivienda”.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, denunció la complicidad del Gobierno con sus socios de ERC y Bildu, “Se ponen de lado de los delincuentes”.