El Ejército de Estados Unidos ha vuelto a golpear con contundencia al narcotráfico internacional. Esta vez, el blanco fue una narcolancha interceptada frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental. El ataque, autorizado por el presidente Donald Trump y ejecutado por el Departamento de Guerra, dejó al menos dos muertos y se suma a una serie de bombardeos que Washington ha lanzado contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.
Con esta operación, ya son ocho las narcolanchas destruidas por EE.UU. en lo que va de año, en una ofensiva que ha cruzado del Caribe al Pacífico y que busca cortar de raíz las rutas marítimas del narcotráfico hacia Norteamérica. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, calificó la embarcación como “operada por una Organización Terrorista Designada” y compartió imágenes del impacto del misil sobre la lancha.
¿Y España? ¿Por qué no misiles contra narcolanchas?
La pregunta que resuena en círculos de seguridad y defensa es inevitable: ¿debería España adoptar una estrategia similar para combatir el narcotráfico en sus costas, especialmente en el Estrecho de Gibraltar y Galicia?
Las narcolanchas —rápidas, furtivas y cargadas de droga— siguen operando con impunidad en aguas españolas. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, las organizaciones criminales se adaptan, se rearman y desafían al Estado. ¿Es hora de pasar de la interceptación a la destrucción?
Una estrategia de misiles —como la aplicada por EE.UU.— podría enviar un mensaje claro: tolerancia cero. La tecnología existe, la amenaza es real y el coste institucional de no actuar es cada vez mayor. ¿Por qué no considerar el uso de drones armados o sistemas navales de ataque selectivo contra embarcaciones que se niegan a detenerse y representan un peligro para la seguridad nacional?
El dilema legal y ético
Por supuesto, esta propuesta abre un debate profundo. ¿Es legal destruir una embarcación sin juicio previo? ¿Cómo se garantiza que no haya víctimas inocentes? ¿Qué implicaciones tendría para el derecho internacional y la imagen de España?
Pero mientras el narco se fortalece, la pregunta sigue en el aire: ¿puede España permitirse seguir jugando al gato y al ratón con las narcolanchas? ¿O ha llegado el momento de adoptar medidas excepcionales para un problema excepcional?
