La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impuesto a millones de conductores en España la obligación de adquirir el dispositivo luminoso V16 para señalizar accidentes, con un coste medio de unos 40 euros. Esta medida, que entrará en vigor de forma definitiva en 2026 y que sólo es válida en nuestro país, ha sido presentada como un «avance en seguridad vial», pero encierra una contradicción que muchos ciudadanos no pasan por alto: mientras se promueve una política ecologista desde las instituciones, se fomenta la compra masiva de un aparato tecnológico con batería de litio que acabará, inevitablemente, en los contenedores de basura.
Sólo válida en España
La DGT informa que la baliza V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir en España a los clásicos e inmortales triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma, lo que no informa es que sólo es valido en nuestro país, ya que si circulas con tu vehículo por el resto de países europeos es obligatorio llevar los clásicos triángulos para señalizar la inmovilización del mismo en caso de avería o accidente, por lo que los usuarios tendrán un doble gasto económico, la adquisición de la baliza V16 y la adquisición de triángulos si su intención es visitar países vecinos como Portugal, Andorra, Francia o el Peñón de Gibraltar.
Si bien, la Dirección General de Tráfico, dirigida por Pere Navarro, apunta a que con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes nació el dispositivo V16, una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. El mismo debe incorporar una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.
Desde la DGT remarcan que la baliza debe llevarse en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente, se procederá a activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.
¿Ecologismo o consumismo encubierto?
El funcionamiento de este «gran avance tecnológico» va condicionado al uso de una pila o batería con una vida útil mínima de 18 meses. Una vez agotada, el dispositivo queda inutilizado, y su reciclaje no está garantizado. En contraste, los triángulos no requieren energía, no caducan y pueden utilizarse indefinidamente sin generar ningún tipo de residuo electrónico y siendo fácilmente desechado para ser reciclado.
Este cambio obligatorio plantea una paradoja: ¿Cómo puede una administración que impulsa la movilidad sostenible y la reducción de residuos justificar la imposición de un producto que, por diseño, acabará contaminando con sus componentes tóxicos?
Carencias del dispositivo V16 frente a los triángulos tradicionales
Aunque la DGT defiende la V16 como una solución más segura al evitar que el conductor tenga que salir del vehículo, el dispositivo presenta limitaciones evidentes:
- Dependencia energética: Su uso está condicionado al estado de la batería, que puede deteriorarse tras meses guardado en el maletero, expuesto a temperaturas extremas. En un momento crítico, podría no funcionar.
- Visibilidad limitada: En curvas o zonas con obstáculos como árboles, rocas o mobiliario urbano, la luz puede quedar oculta. Los triángulos, en cambio, pueden colocarse a distancia para advertir con antelación a otros conductores.
- Durabilidad y fiabilidad: Los triángulos no tienen fecha de caducidad ni riesgo de fallo por batería. Son simples, eficaces y resistentes.
- ¿Quién asegura que la V16 facilita que el conductor no salga del vehículo?: En caso de colisión leve sin lesión o incapacidad por parte del conductor resulta sencillo (sobre la teoría) que el usuario sea capaz de llegar a su guantera y colocar la baliza V16, también que se coloque el tradicional chaleco reflectante y abandone el habitáculo con seguridad para instalar los triángulos, ¿Quién no sale del turismo para evaluar inmediatamente el resultado del impacto de un alcance?. Por otro lado, en caso de un siniestro más grave la capacidad para colocar este dispositivo o unos triángulos es igual de dificultosa por no hablar que si hubiese llama el instinto natural es salir del habitáculo a la carrera sin pensar en instalar dispositivo alguno.
💸 Un gasto obligatorio para el ciudadano
La imposición del V16 no solo genera dudas medioambientales, sino también económicas. Obligar a millones de conductores a desembolsar una media de 40 euros por un dispositivo que podría fallar en el momento más necesario, y que además tiene una vida útil limitada, lo que supone una carga injustificada para muchos hogares. Especialmente en un contexto de inflación y precariedad, esta medida se percibe como una política de consumo más que de seguridad.
Será a partir del 1 de enero de 2026 cuando la V16 se convierta en el único sistema legalmente válido para señalizar averías o accidentes en carretera. Esta transición, impulsada por la DGT bajo el argumento de mejorar la seguridad vial, ha sido criticada por su falta de flexibilidad y por no contemplar alternativas más sostenibles o duraderas
¿Seguridad o negocio?
La transición hacia el V16 parece responder más a intereses comerciales que a una mejora real en la seguridad vial. Empresas tecnológicas y fabricantes han encontrado en esta normativa una oportunidad de negocio millonaria, mientras los ciudadanos asumen el coste y los riesgos de un dispositivo que no garantiza una señalización efectiva en todos los escenarios.
Según los últimos datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), en España circulan actualmente 34.584.416 vehículos con póliza en vigor. Si cada uno de estos conductores se ve obligado a adquirir el dispositivo luminoso V16 a un precio medio de 40 euros, el gasto total ascendería a más de 1.383 millones de euros.
El Estado podría recaudar aproximadamente 290,5 millones de euros en concepto de IVA solo por la venta de estos dispositivos, sin contar otros impuestos indirectos o beneficios empresariales. Una cifra que, lejos de ser menor, convierte esta medida en una fuente de ingresos considerable para las arcas públicas, mientras los ciudadanos asumen el coste y el impacto ambiental.
Conclusión
La obligatoriedad del dispositivo V16 es un ejemplo más de cómo las políticas públicas pueden disfrazarse de innovación y sostenibilidad mientras generan nuevos problemas. Frente a la simplicidad, durabilidad y eficacia de los triángulos, la luz V16 representa una solución tecnológica con fecha de caducidad, coste elevado y potencial contaminante. Y todo ello, en nombre de una seguridad vial que, paradójicamente, podría quedar comprometida.
¿Modernización o negocio encubierto? La carretera, como siempre, será el juez…y no tire sus triángulos.
Autor: Jose Puig
