En 1990 se instrumentó el acuerdo administrativo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Galicia en materia policial, adscribiéndose una Unidad de la Policía Nacional, por Orden del Ministerio del Interior, del 19 de junio de 1991 a esta comunidad autónoma.
Si bien, el 23 de octubre, hace dos semanas, el conselleiro de presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, anunció que efectivos de la Unidad Adscrita en Galicia de la Policía Nacional dejarán de realizar sus funciones en el Parlamento y en el Complejo de San Caetano ante la escasez de personal para realizar otros servicios, un hecho que contraviene dicho acuerdo, denuncian desde la Confederación Española de Policía.
Y es que la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone el marco competencial que corresponde a las comunidades autónomas respeto de sus Policías. Recogiendo en su artículo 38 que las comunidades autónomas en cuyos estatutos esté previsto crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de funciones de vigilancia y protección, a las que se refiere el artículo 148.1.22ª de la Constitución y las demás que le atribuye la presente ley, podrán ejercer con carácter de propias las siguientes funciones:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la comunidad autónoma.
- La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la comunidad autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los/as usuarios/as de sus servicios.
- La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la comunidad autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
- El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia comunidad autónoma.
Estas funciones se recogen expresamente en el acuerdo administrativo de colaboración en materia policial firmado entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Galicia el 22 de octubre de 1990, y en los subsiguientes acuerdos sobre nuevas prórrogas, así como en la Orden del Ministerio del Interior, del 19 junio de 1991, por lo que el incumplimiento del mismo, hecho que se da en el segundo punto como denuncia el sindicato CEP, le abriría la puerta al Ministerio del Interior a la eliminación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Galicia, más comúnmente llamada «Policía Autonómica».
Además, ha llegado el temor a todas las dependencias de esta unidad, de que el conselleiro adopte más recortes como dejó caer en su intervención ante los medios, y que los mismos afecten a policías a turnos 6×6 o los servicios que realicen muchos de ellos en materia de seguridad en las dependencias policiales o escoltas, privatizando los mismos para liberar a gentes para realizar otras tareas, lo que supondría una merma económica y muchos problemas de conciliación familiar.
Desde la CEP remarcan que no conocían las intenciones de recortes y privatización expuestas por Diego Calvo, y menos que las mismas fueran expuestas en reuniones con organizaciones sindicales, de ahí que soliciten saber abiertamente que organización sindical las conocía y no hizo nada al respeto, a la vez que apuntan que desde CEP junto con los sindicatos JUPOL, UFP y EYA, remitieron en julio una carta al Director Xeral de Interior de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva en la que avisaban que tomarían las medidas necesarias para evitar que se llevara a cabo esta medida privatizadora de la función pública policial, una función que antes de ser desarrollada por la Unidad Adscrita era desempeñada por policías nacionales de la Comisaría de Santiago de Compostela y es por lo que desde el sindicato CEP ha solicitado el cese del Director Xeral de Interior de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva y ha anunciado movilizaciones, avisando que de no llegar a un acuerdo satisfactorio llevarán las mismas a todas las ciudades donde esté presente la Unidad Adscrita y defender así su existencia y decir algo y claro que “la policía y sus funciones no se privatizan”.
