La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el fracaso sin paliativos del Ministerio del Interior en la protección de la frontera de Ceuta y exige que el Gobierno deje de escudarse en la excepcionalidad de los acontecimientos para justificar una situación que era perfectamente previsible y que pudo evitarse si se hubieran adoptado las decisiones que las circunstancias exigían. «Lo que durante las últimas horas está ocurriendo en la ciudad autónoma no constituye una emergencia inesperada, sino que es la consecuencia directa de años de inacción política, de una planificación completamente alejada de la realidad operativa y de la absoluta incapacidad del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para anticiparse a una amenaza cuya evolución conocía con absoluta precisión.
Y la conocía porque los propios documentos oficiales del Gobierno ya advertían de que Ceuta evolucionaba de forma muy distinta al resto del territorio nacional. Mientras el Ejecutivo destacaba el descenso global de la inmigración irregular, el Informe Anual de Seguridad Nacional 2025 reconocía expresamente que la presión migratoria sobre la ciudad autónoma continuaba aumentando y que el fenómeno había cambiado por completo de naturaleza, desplazándose desde los intentos de superar el vallado fronterizo hacia los accesos por vía marítima protagonizados por inmigrantes que alcanzaban la costa bordeando el perímetro a nado. Es decir, el Ministerio del Interior sabía dónde estaba el problema, conocía cómo estaba evolucionando y era plenamente consciente de que la mayor presión iba a concentrarse precisamente en el ámbito en el que hoy se está produciendo el colapso operativo».
Remarcan desde el sindicato que, pese a disponer de ese diagnóstico elaborado por el propio Gobierno, el Ministerio decidió no actuar. No reforzó de forma suficiente las plantillas de Policía Nacional destinadas en Ceuta, no incrementó los recursos materiales disponibles, no adaptó la estrategia de protección fronteriza al nuevo patrón migratorio y tampoco diseñó un plan específico para afrontar una situación que llevaba meses anunciándose. Mientras la presión migratoria aumentaba y la amenaza evolucionaba, el Ministerio del Interior optó por la pasividad, confiando, una vez más, en que la realidad no terminara desbordando sus previsiones.
Esa dejación de funciones alcanzó una dimensión todavía más grave tras la Sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo. Aquella resolución alteró sustancialmente el sistema de protección de la frontera de Ceuta al impedir que los accesos irregulares por vía marítima pudieran afrontarse con la misma respuesta jurídica que hasta entonces, obligando a canalizar esas entradas mediante procedimientos mucho más complejos y consumiendo un volumen muy superior de recursos policiales.
En otras palabras, el Estado perdió capacidad inmediata de respuesta precisamente en el punto por el que ya se estaba concentrando la mayor presión migratoria. Era un escenario que exigía una reacción urgente del Ministerio del Interior y, sin embargo, tampoco entonces hizo absolutamente nada. No reforzó las plantillas para compensar la mayor carga operativa derivada de la sentencia, no impulsó con carácter inmediato una reforma legislativa que permitiera superar las limitaciones impuestas por el nuevo criterio jurisprudencial y tampoco promovió soluciones físicas que reforzaran la protección del perímetro marítimo y dificultaran los accesos irregulares por mar, adaptando la frontera a la nueva realidad jurídica (mediante la implantación de nuevos elementos físicos de contención, canalización y protección del perímetro marítimo que dificulten los accesos irregulares por mar). Conociendo perfectamente el cambio que acababa de producirse y las consecuencias que iba a generar sobre el terreno, el Ministerio volvió a elegir la pasividad, dejando que fueran los policías nacionales y guardias civiles quienes asumieran, una vez más, las consecuencias de su absoluta falta de previsión.
El resultado de esa sucesión de errores era tan previsible como eludible. Hoy los policías nacionales vuelven a soportar una presión extraordinaria con unos medios dimensionados para una realidad que ya no existe. La amenaza ha cambiado, la presión migratoria ha cambiado, las formas de acceso irregular han cambiado e incluso el marco jurídico ha cambiado.
Sin embargo, la planificación del Ministerio continúa anclada en parámetros que nada tienen que ver con la situación actual. Prueba de ello es que, durante los últimos ocho años, el crecimiento estructural previsto para la Jefatura Superior de Policía de Ceuta apenas ha alcanzado un 17,6 %, una evolución manifiestamente insuficiente para responder a los retos de una frontera cuya complejidad y exigencia operativa se han incrementado muy por encima de ese porcentaje.
La Confederación Española de Policía considera intolerable que el Gobierno pretenda ahora reaccionar a golpe de titulares cuando llevaba meses disponiendo de toda la información necesaria para impedir que la situación alcanzara este nivel de gravedad. Quien conoce una amenaza, dispone de los medios para combatirla y, pese a ello, decide no actuar, no puede escudarse después en la excepcionalidad de los acontecimientos. Lo ocurrido en Ceuta no responde a la falta de información, sino a la falta de voluntad política para adoptar las decisiones que exigía la defensa de una de las fronteras exteriores más importantes de Europa.
Por ello, CEP exige la puesta en marcha inmediata de un verdadero plan de choque que incluya el refuerzo extraordinario y permanente de efectivos de Policía Nacional, la dotación urgente de todos los medios materiales necesarios para afrontar la presión migratoria existente, la implantación de nuevos elementos físicos de contención en el entorno marítimo conforme al escenario descrito por el propio Tribunal Supremo y la inmediata reforma del marco normativo para devolver al Estado instrumentos eficaces de protección de sus fronteras. Lo contrario supondrá perseverar en una política que ya ha demostrado su rotundo fracaso y que seguirá trasladando a los policías nacionales las consecuencias de unas decisiones políticas tan equivocadas como irresponsables.
