Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona fue víctima de una violenta agresión el pasado lunes en la estación de Plaza Espanya, mientras viajaba fuera de servicio en la línea L1 del metro. El policía intentó intervenir ante el comportamiento incívico de dos individuos que bloqueaban el paso a los pasajeros y causaban disturbios. Lejos de calmarse, los agresores —de origen magrebí y con un historial conjunto de 32 antecedentes penales— reaccionaron con extrema violencia, rompiéndole dos dedos y provocándole contusiones en la cara y las costillas.
Gracias a las cámaras de seguridad del metro, los Mossos d’Esquadra lograron identificar y detener a los responsables poco después en el paseo de Lluís Companys. El diario El Caso fue el primero en informar sobre el suceso.
Un patrón preocupante de agresiones
Este episodio se suma a una preocupante escalada de violencia contra agentes de la autoridad en España. Solo en el último año se han registrado cerca de 17.000 agresiones a miembros de las Fuerzas de Seguridad, según datos sindicales. En el metro de Barcelona, los ataques a vigilantes y policías se han multiplicado, con casos semanales que incluyen apuñalamientos, palizas y agresiones con sustancias químicas.
¿Protección jurídica insuficiente?
Expertos y sindicatos denuncian que el marco legal actual ofrece una protección insuficiente a los agentes. Las penas por agresión a la autoridad suelen ser bajas, lo que no genera un efecto disuasorio real. La reincidencia es frecuente: muchos agresores son detenidos, liberados y reinciden en cuestión de días. Esta situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de endurecer las penas y reforzar la presencia policial en espacios públicos.
