Han pasado más de 175 años desde la creación de la Guardia Civil y más de 45 desde la constitución de la Policía Nacional como cuerpo moderno. A lo largo de este extenso recorrido, miles de agentes han dedicado su vida a proteger a la ciudadanía, enfrentándose a situaciones de alto riesgo, desde el terrorismo hasta el crimen organizado, pasando por la violencia callejera y los delitos más complejos. Sin embargo, a día de hoy, su labor sigue sin ser reconocida oficialmente como una profesión de riesgo.
Durante la etapa democrática, todos los grandes partidos han tenido la oportunidad de gobernar. Desde la Transición hasta nuestros días, se han sucedido gobiernos de distinto signo ideológico, pero ninguno ha dado el paso definitivo para reconocer esta demanda histórica. Las promesas se han repetido en campañas electorales, en debates parlamentarios y en reuniones con sindicatos policiales, pero la realidad es que los agentes siguen esperando que se les otorgue el estatus que merecen.
Esta falta de reconocimiento no es solo simbólica: tiene consecuencias directas en sus condiciones laborales y retributivas. Los policías nacionales y guardias civiles cobran menos que sus homólogos autonómicos, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, a pesar de realizar funciones similares —y en muchos casos, más peligrosas— en todo el territorio nacional. Esta brecha salarial representa una forma de discriminación institucional que mina la moral de los agentes y transmite un mensaje de menosprecio hacia su entrega y profesionalidad.
Además, el hecho de no ser considerados profesión de riesgo implica que no se les aplican beneficios laborales que sí disfrutan otros colectivos expuestos a peligros similares, como bomberos o personal penitenciario. Esto afecta a su jubilación, a sus cotizaciones y a su protección social, en un contexto en el que los riesgos inherentes a su trabajo son evidentes y constantes.
La sociedad española confía en sus fuerzas de seguridad, y esa confianza debe traducirse en reconocimiento real y tangible. No basta con homenajes puntuales o palabras de agradecimiento: es hora de que el Estado actúe con justicia y equipare el trato que reciben estos cuerpos con el que merecen por su sacrificio diario.
La Policía Nacional y la Guardia Civil no piden privilegios, piden dignidad. Y esa dignidad empieza por reconocer que su labor, por su peligrosidad y exigencia, debe ser considerada una profesión de riesgo.
