La pregunta no es retórica. En España, las agresiones a agentes de la autoridad —Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos locales— han alcanzado cifras alarmantes en la última década. Solo en 2024 se registraron 16.878 atentados contra agentes, el número más alto desde que existen estadísticas oficiales. Desde 2019, el incremento ha sido sostenido: un 36,4% más en apenas seis años.
Escalada de violencia: una tendencia preocupante
Los datos revelan una escalada constante de agresiones, tanto físicas como verbales, que afectan la integridad de quienes garantizan el orden público. En ciudades como Madrid y Barcelona, se concentran los mayores índices de ataques, con más de 3.000 y 1.800 casos respectivamente. Diversas organizaciones sindicales y asociaciones han denunciado numerosas veces que el riesgo es diario y que los agentes no cuentan con la protección jurídica ni material adecuada.
Casos recientes como el de un guardia civil apaleado por una familia en Huelva o el de un policía agredido en plena calle durante una identificación rutinaria, ilustran la normalización de la violencia contra uniformados.
¿Qué dice el Código Penal?
El delito de atentado contra la autoridad está regulado en el artículo 550 del Código Penal. Las penas son:
- Contra autoridad: prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
- Contra agentes o funcionarios públicos: prisión de 6 meses a 3 años.
Estas penas, aunque parecen severas en papel, no siempre se aplican con contundencia. En muchos casos, los agresores reciben condenas mínimas, que pueden ser suspendidas si no tienen antecedentes o se declaran insolventes. Esto ha generado una sensación de impunidad entre los agresores y de desprotección entre los agentes.
Sentencias que indignan
En 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena de solo seis meses de prisión para un individuo que agredió a varios agentes en Granada, causándoles lesiones leves. En otros casos, las agresiones se han saldado con multas de apenas 200 euros, lo que sindicatos policiales califican como “sanciones irrisorias”.
¿Qué reclaman los agentes?
Los cuerpos policiales exigen:
- Endurecimiento de las penas por atentado.
- Reconocimiento de su labor como profesión de riesgo.
- Equiparación salarial y mejores medios de protección.
- Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para evitar que cada intervención se convierta en un juicio público en redes sociales.
Debate abierto y pasividad de las instituciones públicas
¿Es hora de reformar el Código Penal para proteger mejor a quienes nos protegen? ¿Debe el principio de autoridad recuperar su peso en la sociedad? El debate está abierto, y la seguridad de miles de agentes depende de que se tomen decisiones valientes.
