Durante décadas, hablar de la Policía Nacional era hablar de una de las instituciones más respetadas por la ciudadanía española y de uno de los cuerpos policiales con mayor prestigio internacional. Su profesionalidad, preparación y capacidad de adaptación la convirtieron en un referente dentro y fuera de nuestras fronteras, gracias al esfuerzo, la vocación y el sacrificio de miles de hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio público.
Sin embargo, en los últimos años asistimos con preocupación a un progresivo deterioro de la imagen de la Policía Nacional. Un desprestigio que no solo procede de determinados discursos políticos o de afirmaciones vertidas desde *RTVE*, sino también de la falta de una defensa firme por parte de quienes tienen la responsabilidad institucional de proteger el prestigio de este Cuerpo.
La creciente politización de determinados ámbitos de decisión ha provocado que, en demasiadas ocasiones, los intereses partidistas prevalezcan sobre las verdaderas necesidades de los policías. Mientras continúan pendientes cuestiones esenciales como la mejora de los medios materiales, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la protección de la salud laboral, una carrera profesional basada en el mérito y la capacidad, la consecución de una equiparación salarial real, íntegra y efectiva con el resto de cuerpos policiales que desempeñan funciones equivalentes, la sensación entre muchos funcionarios es la de haber quedado relegados a un segundo plano por quienes tienen la responsabilidad de defender sus intereses.
A ello se suma un preocupante clima de deslegitimación pública. Resulta alarmante comprobar cómo determinados colaboradores o tertulianos de *RTVE*, la radiotelevisión pública de todos los españoles, realizan afirmaciones generalizadas que cuestionan la actuación de la Policía Nacional o proyectan una imagen de arbitrariedad y falta de profesionalidad, contribuyendo a deteriorar la confianza ciudadana en una institución esencial para el Estado de Derecho.
La crítica a cualquier actuación policial concreta es legítima en una sociedad democrática. Sin embargo, desacreditar de forma global a toda una institución desde *RTVE*, un medio de comunicación sostenido con fondos públicos, poniendo en duda el compromiso de miles de profesionales que diariamente arriesgan su integridad física e incluso su vida para proteger a los ciudadanos, supone cruzar una línea que perjudica al conjunto de la sociedad.
Pero este problema trasciende el ámbito mediático. También debe hacerse una profunda reflexión sobre el respeto a la autoridad. Cada vez es más frecuente contemplar episodios en los que algunos ciudadanos cuestionan, desafían o incluso agreden a quienes representan la autoridad pública. Si quienes ostentan responsabilidades políticas desacreditan públicamente a la Policía Nacional o utilizan a los agentes como instrumento de confrontación política, difícilmente podrá exigirse después a la ciudadanía el respeto debido hacia quienes tienen encomendada la protección de nuestros derechos y libertades.
El respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no constituye un privilegio para los agentes; constituye una garantía para todos los ciudadanos. Cuando se debilita la autoridad legítima de quienes hacen cumplir la Ley, se debilita también la convivencia democrática y el propio Estado de Derecho.
La Policía Nacional ha demostrado, a lo largo de sus más de doscientos años de historia, que su única misión es cumplir y hacer cumplir la Ley, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y ejecutar las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales con absoluta imparcialidad. Esa neutralidad institucional debe preservarse siempre, tanto en la actuación diaria de sus agentes como en los procesos de designación de sus responsables, donde el mérito, la capacidad, la experiencia y la trayectoria profesional deben prevalecer sobre cualquier criterio de afinidad política.
No puede construirse una Policía Nacional fuerte si los puestos de mayor responsabilidad se ocupan atendiendo a criterios de cercanía política en lugar de a la excelencia profesional. La confianza en las instituciones también se sustenta en la independencia, la objetividad y la credibilidad de quienes las dirigen.
Especial preocupación merece que desde *RTVE*, la radiotelevisión pública de todos los españoles, puedan difundirse manifestaciones que dañen gravemente la imagen de la Policía Nacional sin que exista una respuesta institucional clara en defensa de quienes integran el Cuerpo. Escuchar afirmaciones como que determinadas personas “no se sienten protegidas por la Policía Nacional”, cuando se realizan de forma generalizada y sin fundamento objetivo, supone un ataque injusto a miles de servidores públicos que cada día trabajan con profesionalidad, muchas veces en condiciones difíciles y asumiendo riesgos personales.
*<<RTVE y el silencio institucional alimentan el desprestigio de la Policía Nacional.>>*
Más preocupante aún resulta el silencio institucional. Corresponde al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía defender el honor, el prestigio y la profesionalidad de sus agentes cuando estos son objeto de ataques injustificados. Permanecer impasible ante afirmaciones que erosionan la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional transmite un mensaje de abandono hacia quienes representan a la institución y entregan lo mejor de sí mismos al servicio de España.
La Policía Nacional no necesita privilegios ni reconocimientos extraordinarios. Necesita respeto, respaldo institucional y el compromiso de que las decisiones que afectan a su futuro se adopten pensando exclusivamente en el interés general y en el servicio que presta a los ciudadanos. También necesita que las instituciones públicas, especialmente aquellas financiadas por todos los españoles, actúen con responsabilidad y no contribuyan al deterioro de la imagen de uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho.
Porque cuando se desprestigia a la Policía Nacional no solo se perjudica a sus agentes. Se debilita una de las principales garantías de nuestra democracia, de nuestra seguridad y de las libertades de todos los españoles.
