Italia ha dado un giro drástico en su lucha contra la okupación ilegal. Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad, el Gobierno de Giorgia Meloni ha impulsado una reforma que endurece las penas contra quienes ocupen viviendas ajenas sin autorización. La nueva normativa, avalada por el Senado italiano, introduce penas de hasta siete años de prisión y permite el desalojo inmediato de los okupas, sin necesidad de una orden judicial previa.
Un decreto polémico pero contundente
El decreto, que recibió 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención en el Senado, ha sido objeto de intensos debates. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una forma de proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de los ciudadanos, la oposición ha calificado la reforma como una “deriva autoritaria”.
La nueva legislación introduce 14 nuevos delitos, entre ellos el de ocupación arbitraria de un inmueble destinado a vivienda ajena, que ahora se castiga con penas de dos a siete años de cárcel. Además, se ha establecido un procedimiento de urgencia para la liberación de las viviendas ocupadas, permitiendo que la policía actúe de inmediato sin necesidad de esperar una orden judicial.
Desalojo exprés y endurecimiento de penas
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de desalojo exprés. Según la nueva normativa, la policía podrá intervenir de inmediato en casos de okupación, sin necesidad de que un juez emita una orden de desalojo. Esto agiliza el proceso y devuelve la propiedad a sus legítimos dueños en cuestión de horas.
Además, la ley contempla agravantes en casos de okupación con violencia, amenazas o engaño, lo que podría aumentar aún más las penas de prisión. También se han endurecido las sanciones contra quienes bloqueen carreteras o vías públicas durante protestas, con penas de hasta seis años de cárcel.
Reacciones y primeras aplicaciones
La aprobación del decreto ha generado una fuerte reacción en la sociedad italiana. Mientras los propietarios celebran la medida como un paso necesario para proteger sus viviendas, grupos de la oposición han protagonizado protestas en el Senado, denunciando la falta de garantías para los acusados.
Apenas unos días después de la entrada en vigor de la ley, ya se ha registrado el primer desalojo exprés en la ciudad de Mestre, Venecia. Un ciudadano rumano fue expulsado de una vivienda ocupada ilegalmente en cuestión de horas, marcando un precedente en la aplicación de la nueva normativa.
Italia ha decidido tomar un camino firme contra la okupación, con medidas que buscan garantizar la propiedad privada y reforzar la seguridad.
