Las organizaciones sindicales SUP, UFP y SPP han denunciado que las declaraciones realizadas por un sindicato policial en un programa de televisión de máxima audiencia, aprovechando la dimisión del Director Adjunto Operativo tras la admisión a trámite de una querella por un presunto delito de extrema gravedad, constituyen un ataque directo y deliberado contra la Policía Nacional como Institución.
Los representantes de los agentes afirman que no se trata de crítica legítima. “Se trata de una acusación colectiva lanzada con absoluta irresponsabilidad”, sentencian. Sostener públicamente que el acoso es un problema “estructural” o que la Policía Nacional es un sistema “podrido” no es ejercer acción sindical, es desacreditar a toda una Institución del Estado y a los miles de hombres y mujeres que la integran. En un Estado de Derecho las responsabilidades penales son individuales. Siempre y sin excepción.
Los sindicatos policiales precisan que transformar un procedimiento judicial pendiente en una condena global contra la Policía Nacional, es una vulneración intolerable de los principios básicos de justicia y un ataque frontal a su honor y credibilidad, y quien utiliza un altavoz televisivo para sembrar sospechas indiscriminadas antepone el espectáculo a sus obligaciones legales como miembro de la Policía Nacional, establecidas en la Ley Orgánica 2/1986, debiendo denunciar en sede judicial cualquier abuso del que tenga conocimiento.
El SUP, UFP y SPP afirman que no van a permitir que se instale el relato de que la Policía Nacional es una Institución “podrida”. No vamos a aceptar que se criminalice colectivamente a quienes la conforman por un procedimiento aún no resuelto y en el que confiamos plenamente para que se diluciden las responsabilidades penales que se deriven del mismo.
Tampoco van a tolerar que se erosione deliberadamente la confianza pública en uno de los pilares del Estado. «La Policía Nacional es una organización sometida a controles internos, judiciales y disciplinarios permanentes. Es una Institución con mecanismos de supervisión, con exigencia profesional constante y con un compromiso inequívoco con la ciudadanía, la legalidad y los procedimientos judiciales en curso», manifiestan.
No obstante, para los sindicatos defender la honorabilidad de la Institución no implica caer en el inmovilismo ni ignorar las deficiencias que los policías sufrimos a diario. “Somos plenamente conscientes de que los actuales protocolos internos y mecanismos de protección no están funcionando como deberían”, declaran.
Por ello, desde SUS organizaciones ya están trabajando en una revisión exhaustiva de estos procedimientos. No basta con decir que existen mecanismos de supervisión; exigimos que sean eficaces, transparentes y que garanticen una protección real frente a cualquier tipo de abuso.
«Para que un sistema sea verdaderamente eficaz debe contar con seguridad,
confidencialidad y confianza suficientes para que quien lo necesite lo active internamente, sin verse empujado a buscar canales externos por falta de garantías. Nuestro compromiso es reformar aquello que falla para que ningún policía se sienta desamparado por el sistema que debería protegerle. Que exista un procedimiento penal no convierte a la Institución en sospechosa y quien afirma lo contrario está atacando su legitimidad y dañando la confianza de la sociedad en la misma. La acción sindical responsable no consiste en dinamitar la credibilidad de la Policía Nacional para obtener minutos de pantalla», denuncian.
Reafirman con absoluta firmeza:
– Las responsabilidades penales son individuales.
– La honorabilidad de la Policía Nacional no se negocia.
– La Institución no será utilizada como herramienta de propaganda.
El sindicalismo que cruza la línea de la difamación colectiva deja de defender a los policías y pasa a perjudicar a la Institución que dice representar y esa deriva tendrá consecuencias.
