La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto una de las penas más severas de los últimos años al condenar a una mujer a 47 años de prisión por prostituir de forma continuada a sus dos hijas menores de edad. La sentencia, de enorme impacto social y jurídico, describe una situación de explotación extrema ejercida durante años.
Además de la pena de cárcel, el tribunal acuerda retirar a la condenada la patria potestad y establece una prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante 35 años, una medida destinada a garantizar su protección a largo plazo.
El fallo subraya la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad de las menores, destacando la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y prevención de la explotación infantil. El caso vuelve a poner en el centro del debate la importancia de la coordinación entre servicios sociales, fuerzas de seguridad y órganos judiciales para evitar que situaciones tan extremas puedan repetirse.
