La reciente sentencia del Tribunal Supremo, unida a la presión migratoria que vive Ceuta, incrementará la carga de trabajo policial y puede reforzar la percepción de que las devoluciones son cada vez más complejas, un mensaje que las mafias pueden aprovechar para seguir poniendo vidas en peligro.
El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario de la Policía Nacional, expresa su profunda preocupación por la situación que se está viviendo en la frontera de Ceuta. En apenas unos días, más de un millar de personas han accedido irregularmente a territorio nacional, llevando al límite la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del conjunto de los servicios públicos.
A esta realidad se suma la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita la aplicación del rechazo en frontera para las personas interceptadas en el mar frente a Ceuta y Melilla, obligando a tramitar procedimientos ordinarios de devolución. Desde el SUP tenemos la obligación de advertir de las consecuencias operativas que estas decisiones tendrán sobre quienes trabajan diariamente en la primera línea de nuestras fronteras.
Cada interceptación supondrá más identificación, más custodia, más asistencia letrada, más intérpretes y más trámites administrativos para unas Brigadas de Extranjería y Fronteras que desde hace años trabajan con plantillas insuficientes. Además, una de las peores consecuencias sería consolidar la percepción de que cruzar irregularmente la frontera acaba teniendo pocas consecuencias prácticas y que, una vez en territorio nacional, la devolución será extraordinariamente difícil de ejecutar.
La experiencia policial demuestra además que muchas de las personas que acceden irregularmente a España lo hacen sin documentación o con identidades cuya verificación resulta extremadamente compleja. Sin una identificación fiable y sin la colaboración efectiva de los países de origen, las devoluciones se convierten en procedimientos largos y difíciles de ejecutar. Ya hemos vivido situaciones como la de Argelia, que durante años mantuvo prácticamente paralizadas las readmisiones desde España, dificultando enormemente la ejecución de las expulsiones. Esa realidad incrementa todavía más la carga de trabajo de la Policía Nacional y reduce la eficacia del sistema.
Pero existe otro aspecto que no puede pasarse por alto. Las organizaciones criminales que trafican con seres humanos estudian permanentemente los cambios normativos y judiciales y adaptan su negocio a cualquier circunstancia que perciban favorable.
No afirmamos que una sentencia, por sí sola, provoque un aumento de la inmigración irregular, pero sí advertimos de que la percepción de que las devoluciones son cada vez más complejas puede ser utilizada por estas mafias para convencer a más personas de que intenten llegar a España.
Y quienes pagan el precio de ese negocio son siempre los más vulnerables. Cada vez son más las personas que arriesgan su vida lanzándose al mar con la falsa esperanza de alcanzar territorio español. En demasiadas ocasiones el resultado son rescates desesperados y cadáveres recuperados por policías y guardias civiles, que además de desempeñar su labor de seguridad deben afrontar el enorme impacto humano y psicológico que estas situaciones generan.
España tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de todas las personas, pero también de garantizar un control eficaz de sus fronteras exteriores. No se puede exigir a la Policía Nacional más procedimientos, más garantías y más burocracia sin reforzar al mismo tiempo las plantillas, los medios materiales y la cooperación internacional para hacer efectivas las devoluciones cuando legalmente procedan.
Desde el SUP reclamamos una respuesta firme del Estado. La situación que vive Ceuta no puede convertirse en la nueva normalidad. Es imprescindible reforzar de forma urgente las unidades policiales destinadas en la frontera, mejorar los mecanismos de cooperación con los países de origen, combatir con mayor intensidad a las mafias que hacen negocio con la inmigración irregular y garantizar que la Policía pueda desarrollar su trabajo con la seguridad y los medios que merece.
La protección de nuestras fronteras no es incompatible con el respeto a los derechos humanos. Al contrario, una frontera eficaz, segura y dotada de medios también salva vidas. Porque impedir que las organizaciones criminales sigan convenciendo a miles de personas para lanzarse al mar es, probablemente, la mejor política humanitaria que
puede adoptar un Estado.
Interesante artículo. Gracias!