La Confederación Española de Policía (CEP) ha remitido una carta a Alicia García Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para solicitar una comisión de investigación sobre el asalto migratorio sufrido por Ceuta los días 30 y 31 de julio. En la misiva se exige que Fernando Grande-Marlaska responda por el desbordamiento de la frontera, por el descrédito lanzado contra los profesionales que habían advertido del peligro y por las condiciones indignas impuestas a los policías que tuvieron que afrontar las consecuencias.
CEP considera que el ministro ha agotado su credibilidad y que su continuidad agrava una crisis cuya gestión exige responsabilidades políticas.
CEP reclama al Grupo Parlamentario Popular que impulse esta iniciativa para exigir a Marlaska y a los demás responsables gubernamentales una rendición de cuentas exhaustiva y documentada sobre sus decisiones. Señalan que la comisión debe recabar las alertas, las órdenes de servicio, las comunicaciones entre los órganos implicados y las solicitudes de refuerzo, y confrontar esa documentación con las explicaciones que el Gobierno ha ofrecido públicamente. Indican que las comparecencias, además, permitirán identificar quién conocía el peligro, quién podía adoptar medidas y qué hizo con esa información. El objetivo es determinar las responsabilidades políticas de un desastre cuya explicación Interior lleva semanas tratando de resolver mediante justificaciones que los documentos conocidos ponen seriamente en cuestión.
Desde la Confederación Española de Policía apuntan que el 2 de septiembre, el Ministerio difundió que el aviso del CENIF del 29 de julio era una “alerta de riesgo frecuente” sin referencia a una entrada masiva al día siguiente. Frente a ello, el auto de la Plaza nº3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia conocido ayer recoge expresamente una previsión de riesgo extremo para entradas coordinadas a nado y por el vallado. «Esta contradicción obliga a esclarecer por qué el Gobierno rebajó públicamente la gravedad de una advertencia que consta en la documentación judicial».
«Además, el informe policial permite dar trazabilidad a una secuencia de avisos concretos. El 27 de julio, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta remitió una comunicación sobre las entradas masivas a nado. El 29 llegó la alerta del CENIF y los días 30 y 31 se sucedieron las advertencias sobre el riesgo de colapso. Había, por tanto, suficiente información, concreción en fechas y una amenaza bastante identificada. El Senado debe determinar quién recibió esos avisos, hasta qué nivel político se elevaron y qué medidas se adoptaron antes de que decenas de miles de personas desbordaran la frontera».
Desde el sindicato apuntan a que la responsabilidad de Interior tampoco se limita a las horas previas a esa crisis. La Administración llevaba casi dos años litigando sobre el régimen aplicable a las interceptaciones marítimas, hasta que llegó la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio pasado. «El Ministerio conocía esa controversia y disponía de tiempo más que de sobra para preparar refuerzos policiales y blindar el perímetro fronterizo de Ceuta. CEP exige saber qué se hizo durante ese periodo y por qué los policías acabaron afrontando una situación extraordinaria con una preparación que se reveló insuficiente».
Para CEP, la reacción de Interior al informe del CENIF añade una deslealtad institucional gravísima al fracaso de la gestión del Gobierno. «El Ministerio ha cuestionado el alcance del documento, la naturaleza de la unidad y las fuentes utilizadas, erosionando públicamente el crédito de los profesionales que lo elaboraron a requerimiento judicial. Ese mismo trabajo forma parte del fundamento de la investigación de la Audiencia Nacional. CEP considera escandaloso que Marlaska pretenda descargar sobre los policías el coste político de unas conclusiones que puedan comprometer su discurso. La obligación de estos funcionarios es analizar los hechos con rigor y comunicarlos a la autoridad competente. Por ello, intentar desacreditarlos cuando cumplen esa obligación constituye, a juicio de CEP, una maniobra indecente para proteger al ministro y desviar la atención de las decisiones que debe explicar».
La comisión reclamada por CEP deberá examinar también los indicios de intervención de agentes marroquíes, incluidos los comportamientos de permisividad y guiado activo que recoge el auto judicial. Marlaska ha vuelto a calificar en las últimas horas de “excelente” la coordinación con Marruecos y, a nuestro juicio, eso exige que explique cómo concilia esa valoración con los hechos investigados y qué aclaraciones ha reclamado. El Gobierno debe justificar por qué ha mostrado tanta disposición a defender la cooperación con el país vecino mientras cuestionaba públicamente el trabajo de los policías españoles que alertaban sobre lo sucedido el 30 y 31 de julio.
«El desprecio hacia los policías también quedó retratado en las condiciones de su despliegue. Interior permitió que los policías inicialmente desplegados desde la Península fueran alojados entre suciedad, colchones sucios y deteriorados, duchas defectuosas y una ventilación insuficiente», remarcan, y añaden que la CEP ya denunció el 18 de agosto que decenas de agentes compartían un único inodoro. Esas condiciones constituyen, para esta organización, un maltrato institucional vergonzoso hacia quienes estaban afrontando sobre el terreno las consecuencias del desbordamiento fronterizo. Siendo eso así el Ministerio tenía la obligación de garantizar la higiene de los policías, su descanso y la protección de su salud. La comisión debe esclarecer quién autorizó aquellos alojamientos, qué controles se realizaron y qué respuesta recibieron las denuncias. Marlaska debe responder también por el trato indigno que su departamento dispensó a los funcionarios movilizados bajo su responsabilidad.
En definitiva, la solicitud remitida al PP pretende que el Senado recabe la documentación y las comparecencias necesarias para esclarecer estas responsabilidades. CEP ya trasladó la situación al Parlamento Europeo el 2 de septiembre y mantendrá la defensa de los funcionarios frente a cualquier intento de convertir su trabajo en una excusa para proteger a los responsables políticos.
Para CEP, este balance resulta aún más intolerable tras la información publicada hoy por El Confidencial sobre la elaboración, en la Oficina de Comunicación de Interior, de un dosier que clasifica a periodistas por su ideología y su afinidad con el Gobierno. El Ministerio que reaccionó tarde y mal en Ceuta, con refuerzos policiales insuficientes y alojamientos indignos, sí ha encontrado personal, tiempo y recursos para catalogar políticamente a los profesionales de la información. CEP considera esta práctica repugnante e impropia de una institución democrática, y exige que Marlaska responda por lo ocurrido en su departamento. Cuesta aceptar tanta diligencia para identificar quién apoya al Gobierno y quién lo critica, frente a tanta incapacidad para atender las alertas policiales y preparar la defensa de nuestras fronteras. Los ciudadanos de Ceuta y los policías que los protegen merecían, como mínimo, la atención que Interior dedicó a poner etiquetas ideológicas a periodistas.
Por todo ello, desde CEP exigen la dimisión de Marlaska y reclaman al presidente del Gobierno que actúe si el ministro continúa aferrado al cargo. «Su balance en Ceuta no puede ser más lamentable, con una frontera desbordada pese a las advertencias, con unos profesionales de la Policía Nacional públicamente cuestionados y con unas condiciones iniciales de despliegue indignas. Los policías han estado a la altura. Pero quienes debían anticiparse, reaccionar con decisión y proporcionar los medios para una respuesta contundente deben responder ahora por una gestión que constituye un fracaso sin paliativos».
