El Gobierno de España ha decidido apostar por el triunfalismo y la autocomplacencia en materia de seguridad ciudadana, toda vez que el presidente del Ejecutivo, en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa celebrada esta mañana, ha llegado a asegurar que “tenemos las calles más seguras… no voy a decir del mundo, pero casi”.
Esa afirmación se enfrenta radicalmente a las cifras oficiales que el propio Ministerio del Interior facilita y que acreditan que en 2023 y 2024 la tasa de criminalidad en nuestro país -el número de delitos por cada mil habitantes- fue la mayor de las conocidas en la serie histórica, de tal forma que el indicador de referencia a la hora de tomar la temperatura a la seguridad de la que disfrutan los ciudadanos españoles llegó a las 51,3 infracciones penales por cada mil habitantes en 2023 y a las 50,5 en 2024. Esta situación inédita, además, tiene un impacto directo en la propia seguridad de los policías.
En este sentido, en 2024 se produjo la mayor cifra de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en una década, con 29.342 infracciones penales y un incremento del 8,3% respecto a 2023.
Hay que destacar que desde el año 2018, cuando el presidente asumió su responsabilidad al frente del Ejecutivo, esta modalidad delictiva ha aumentado hasta un 60,4%. Esta erosión de la convivencia en las calles afecta directamente a los profesionales de la seguridad pública, que cada vez con más frecuencia debemos hacer frente a agresiones por la pérdida del principio de autoridad. Precisamente por ello, también
en 2024 se alcanzó una cifra récord en cuanto al número de delitos de atentado contra agente de la autoridad -16.878 infracciones penales, contra policías y guardias civiles- que supera todos los registros oficiales previos y dibuja un escenario de intolerable agresividad contra nuestros compañeros.
El ejercicio de autobombo al que hemos tenido que asistir esta mañana constituye, cuando menos, una frivolidad. Porque España es un país seguro y eso es gracias a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que dependen de todas las Administraciones y que se dejan la piel a diario para proteger la vida y bienes de los españoles. Pero siendo eso así y siendo un éxito que bajo ningún concepto puede
patrimonializarse, nuestro país es hoy mucho menos seguro desde el punto de vista de las cifras oficiales de criminalidad.
Y tanto es así que el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su barómetro mensual de mayo de 2025, apunta a que la inseguridad ciudadana es el décimo problema que más preocupa personalmente a los españoles. Sólo cuatro años antes, en 2021, ocupaba el puesto número treinta y seis en ese ranking, de tal forma que la sensación de la ciudadanía se aleja claramente del análisis autocomplaciente del Gobierno y su presidente.
Frente a este escenario, desde CEP reclamamos una apuesta inequívoca por reforzar la seguridad de los policías. Apuesta que no existe y que llevó a nuestro sindicato a declarar un conflicto colectivo permanente frente al Ministerio del Interior, en abril de 2024, que todavía mantenemos y en el que venimos exigiendo la dimisión o el cese del ministro del Interior de forma reiterada.
Por todo ello, reclamamos un endurecimiento del castigo penal en los delitos de atentado contra miembros de las FCS y que no se recorte ni un milímetro la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
También pedimos tener la consideración de profesión de riesgo y poder acceder a una jubilación anticipada, siempre que sea digna y no la que en la actualidad lleva a perder cientos de euros mensuales a un policía cuando deja la vida activa. Y sobre todo, exigimos al Ministerio del Interior que abandone la insumisión en la que se encuentra instalado y que cumpla, de una vez por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2024 que, gracias a la demanda de CEP, le obliga a desarrollar la norma que permita contratar un seguro de responsabilidad civil para los policías nacionales.
