La Confederación Española de Policía (CEP) considera que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, está intentando escurrir el bulto y esconderse detrás de la ausencia de disturbios para no asumir las responsabilidades que corresponden a la Administración del Estado ante la ocupación permanente de la Puerta del Sol. Sostener que mientras una protesta sea pacífica “a la Policía Nacional no le corresponde actuar” no sólo ofrece a los ciudadanos una imagen profundamente distorsionada de cuáles son las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino que supone reducir la seguridad ciudadana a esperar a que un problema estalle para decidir entonces si alguien tiene que hacer algo.
Para CEP, esa forma de entender la seguridad es sencillamente inadmisible. Los policías nacionales no están únicamente para acudir cuando se lanzan objetos contundentes, se producen carreras o hay que restablecer un orden público que ya se ha roto. La Ley Orgánica 2/1986 les encomienda expresamente mantener y restablecer la seguridad ciudadana, pero también auxiliar y proteger a las personas, prevenir la comisión de actos delictivos y estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de prevención. La prevención forma parte del núcleo esencial de las funciones que el legislador atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, situándonos en la antesala de la comisión del delito o de cualquier incidente que altere la convivencia pacífica y ordenada de los madrileños.
Nos preocupa esa manera de gestionar la seguridad porque también afecta directamente a los policías nacionales. Cuando una autoridad decide no anticiparse, no evaluar suficientemente los riesgos o esperar a que aparezca el primer incidente antes de tomar decisiones, son los agentes desplegados sobre el terreno quienes terminan pagando las consecuencias de esa falta de previsión. Son ellos quienes tendrán que entrar, contener, evacuar, auxiliar o restablecer el orden si una situación que podía haberse gestionado preventivamente se complica. No se puede condenar a los policías a actuar tarde, bajo presión y en escenarios más peligrosos simplemente porque quien tiene que tomar decisiones políticas prefiere no asumir el desgaste de adoptarlas a tiempo.
En este contexto, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana resulta muy clara. Su artículo 17 permite limitar o restringir la circulación o permanencia en vías y lugares públicos no sólo cuando ya exista una alteración de la seguridad ciudadana o de la convivencia, sino también cuando existan indicios racionales de que pueda producirse. Por eso, frente al mensaje que está trasladando Francisco Martín, nuestro ordenamiento no obliga a las autoridades policiales a esperar a que suceda algo grave para empezar a valorar los riesgos de una situación. Les permite precisamente actuar antes, siempre bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.
Y lo que existe actualmente en la Puerta del Sol ya no puede despacharse como una simple concentración puntual de unas horas. Según los datos difundidos este lunes, unas 600 personas han pasado la segunda noche en la plaza y se encuentran instaladas alrededor de 350 tiendas de campaña, protegidas además por lonas y acompañadas de una organización estable de la acampada. Sus propios promotores anuncian que pretenden permanecer allí “lo que haga falta”. Es decir, estamos ante una ocupación prolongada y organizada de uno de los espacios públicos más transitados, simbólicos y sensibles de la capital de España.
Desde CEP remarcan que respetan el derecho de reunión y de manifestación y no cuestionan que quienes participan en esa protesta puedan defender pacíficamente sus reivindicaciones. «Pero el derecho a protestar no convierte en irrelevantes las exigencias de seguridad que genera una ocupación permanente del espacio público, ni puede servir como excusa para que quien tiene responsabilidades en esa materia mire hacia otro lado. Cientos de tiendas, lonas, zonas de aprovisionamiento y estructuras instaladas durante días alteran necesariamente el espacio disponible, modifican los flujos de circulación de personas, introducen obstáculos físicos y condicionan la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia».
«La clave aquí, a nuestro juicio, no es esperar a que se produzca una avalancha, un incendio, una amenaza, una situación de pánico o cualquier otro incidente para descubrir entonces que las vías de evacuación y el acceso rápido de policías, sanitarios o bomberos eran importantes. La obligación de una autoridad responsable de la seguridad consiste precisamente en preguntarse antes qué ocurriría si se produce una emergencia, comprobar que existen corredores suficientes de evacuación y acceso, evaluar las características de la concentración humana y garantizar que ningún elemento instalado sobre la plaza compromete una respuesta rápida. Esperar a que haya un problema para empezar a preocuparse por esas cuestiones constituye, en el mejor de los casos, un acto de frivolidad intolerable».
Señalan desde la CEP que la posición de Francisco Martín resulta todavía más difícil de sostener cuando se compara con la manera en que las propias Administraciones protegen habitualmente la Puerta del Sol. Ante grandes concentraciones programadas, los dispositivos policiales y de emergencias contemplan controles de acceso, ordenación de los flujos de personas, retirada de objetos potencialmente peligrosos y mantenimiento de espacios y vías que permitan una evacuación. «No tiene sentido considerar imprescindibles esas cautelas cuando miles de ciudadanos se concentran allí durante unas horas y actuar después como si las necesidades preventivas desaparecieran cuando la plaza permanece ocupada durante días».
CEP tampoco acepta que se intente trasladar a la opinión pública la falsa alternativa entre dejar hacer o enviar a los policías a desalojar por la fuerza la plaza. Indican que entre ambos extremos existe un amplio abanico de decisiones. Desde evaluar riesgos a ordenar el espacio, pasando por garantizar corredores de emergencia, coordinar Cuerpos policiales y servicios municipales, establecer condiciones de seguridad, impedir que determinadas instalaciones comprometan la movilidad y adoptar progresivamente las medidas necesarias. «Lo que no es admisible es dejar que una situación se consolide, renunciar durante días a gestionarla y pretender después que sean los policías quienes la solucionen de golpe, asumiendo todos los riesgos».
Por eso CEP exige al delegado del Gobierno que abandone las excusas, deje de convertir un problema de seguridad en una pelea competencial y ejerza las responsabilidades que corresponden a su cargo. Nadie está reclamando una actuación indiscriminada contra personas que se manifiestan pacíficamente ni convirtiendo el legítimo derecho de protesta en un problema policial. «Estamos reclamando algo mucho más básico. Que la persona que dirige la Administración del Estado en Madrid comprenda que la seguridad no comienza cuando aparece el primer disturbio y que prevenir no significa esperar a que ocurra una desgracia para intervenir después».
«Francisco Martín puede seguir intentando ponerse de perfil, señalar al Ayuntamiento o refugiarse en que hasta ahora la acampada no ha provocado incidentes graves. Pero cada día que una ocupación de estas dimensiones continúa creciendo en la Puerta del Sol aumenta también su obligación de evaluar sus consecuencias y adoptar, junto al resto de Administraciones, las medidas que resulten necesarias para garantizar la seguridad de todos. Un delegado del Gobierno está para asumir responsabilidades, tomar decisiones y dar a los agentes órdenes claras y escenarios operativos seguros, no para esperar acontecimientos y dejar que sean después los policías quienes carguen con las consecuencias de su falta de decisión».
