La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el calvario que están soportando tanto los cerca de 440 policías nacionales que trabajan en la Comisaría Local de Móstoles como los ciudadanos que acuden a diario a estas dependencias. En pleno verano, y con las olas de calor golpeando de nuevo a la Comunidad de Madrid, trabajar en algunas zonas de ese edificio o permanecer allí para presentar una denuncia puede convertirse en una auténtica prueba de resistencia. La Comisaría se transforma en un horno y la Administración, sencillamente, pasa de los policías y de su salud.
Lo más indignante es que aquí nadie puede alegar desconocimiento ni sorpresa. CEP lleva denunciando el problema ante la Jefatura Superior de Policía de Madrid desde 2023, cuando ya advertimos de las altas temperaturas que sufrían los funcionarios de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) y reclamamos que se reparase la climatización o se adoptasen soluciones alternativas. Desde entonces han pasado tres años, varios veranos y un rosario de averías y trámites administrativos. Lo que no ha llegado, eso sí, es una solución.
Y es que la situación roza ya el esperpento. En 2025, la propia Jefatura Superior reconocía que para acometer la reparación necesitaba el respaldo de los servicios centrales de la Policía Nacional. En febrero de este año, la empresa encargada del mantenimiento volvió a confirmar los problemas por fugas en los circuitos y averías en compresores, presostatos, ventiladores y placas electrónicas. La reparación está incluso presupuestada en 53.871,55 euros. Por lo tanto, se conoce el problema, se sabe qué hay que hacer y se ha concretado el coste. Lo único que hace falta es que alguien en la Policía Nacional tome una decisión y deje de marear el expediente mientras en Móstoles se achicharran.
Desde CEP queremos llamar la atención sobre el papel de la Secretaría General de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Durante todo este tiempo ha venido señalando que necesitaba el apoyo de los órganos centrales para afrontar la reparación. Pues bien, tres años después ese apoyo no ha llegado o, al menos, no se ha traducido en una solución. Si la Secretaría General no podía resolver por sí sola el problema, tenía que conseguir que lo hiciera quien sí podía. Y si la reparación definitiva iba para largo, había que buscar alternativas. Lo que no cabe es encogerse de hombros, señalar al escalón superior y asumir como normal que llegue otro verano con policías trabajando en una sauna.
CEP no está dispuesta a aceptar que ésta sea la respuesta de una Administración que exige a sus policías que trabajen en la calle durante episodios de temperaturas extremas y, cuando regresan a dependencias oficiales, ni siquiera es capaz de garantizarles unas condiciones razonables de climatización.
Especialmente grave resulta para CEP la actitud de la Delegación del Gobierno en Madrid, que no puede seguir poniéndose de perfil ante una situación de estas características. El delegado del Gobierno se llena la boca hablando de seguridad ciudadana, de balances de criminalidad, de dispositivos policiales y de elogios al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero cuando esos mismos policías necesitan que alguien defienda unas condiciones de trabajo tan elementales como no achicharrarse dentro de su propia Comisaría, el silencio resulta ensordecedor. Si de verdad existe preocupación por la seguridad de los ciudadanos de Móstoles, debería existir la misma preocupación por los policías que tienen que garantizarla.
CEP considera que la Delegación del Gobierno debería haber utilizado hace tiempo todo su peso institucional ante la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior para exigir una solución. No necesitamos que se acuerden de los policías para hacerse una foto, presentar estadísticas o felicitarles cuando los resultados acompañan; necesitamos que estén también cuando hay que pelear por ellos. Y pocas reivindicaciones pueden ser más básicas que conseguir que cientos de funcionarios no tengan que trabajar durante el verano dentro de un edificio convertido en un horno. Después de tres años, mirar hacia otro lado es una forma lamentable y escandalosa de lavarse las manos.
Además, no hablamos de una dependencia policial pequeña. Móstoles tiene casi 215.000 habitantes, en su Comisaría trabajan alrededor de 440 policías nacionales y durante 2025 se registraron en su demarcación 8.151 infracciones penales. En el primer trimestre de 2026, además, la criminalidad aumentó un 8,6 % respecto al mismo periodo del año anterior. Una parte importante de esos hechos acaba en una denuncia formulada en la propia Comisaría. Y siendo eso así, víctimas de robos, agresiones o cualquier otro delito pueden verse obligadas a esperar y ser atendidas en unas instalaciones que, cuando aprieta el verano, se parecen más a una sauna que a un edificio público de la Policía Nacional.
CEP exige una solución inmediata y medidas provisionales suficientes hasta que la reparación sea definitiva. Porque llevamos tres años denunciándolo y hemos llegado a agosto de 2026 con policías y ciudadanos achicharrándose dentro de la Comisaría. Esta situación, en definitiva, es impresentable y el delegado del Gobierno en Madrid no puede seguir callado ante algo así. Si quiere hablar de seguridad en Móstoles, que empiece por preocuparse por las condiciones en las que trabajan los cientos de policías encargados de garantizarla. Porque abandonarles a su suerte, verano tras verano, mientras su Comisaría se convierte en un horno, dice mucho de la poca importancia que esta Administración concede a los verdaderos protagonistas de nuestra seguridad pública.
