Desde la organización sindical CCOO trasladan que han mantenido una reunión con representantes del Ministerio del Interior para presentar un informe jurídico en el que se defiende la necesidad de adaptar la normativa estatal para clarificar el marco legal relativo a la dotación de armas largas a las Policías Locales.
Durante el encuentro, CCOO ha expuesto que la evolución de las amenazas a la seguridad pública, así como las funciones que actualmente desempeñan las Policías Locales en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hacen necesario revisar una regulación que responde a una realidad operativa de hace más de cuarenta años.
El Sector de Administración Local de CCOO defiende que la modificación del Real Decreto 740/1983 y la correspondiente adaptación del Reglamento de Armas permitirían eliminar la actual incertidumbre jurídica existente, reforzando la seguridad jurídica de las administraciones y de los propios agentes, sin alterar en ningún caso las competencias exclusivas del Estado en materia de clasificación, control y régimen jurídico de las armas.
La propuesta presentada plantea que sean las administraciones competentes quienes, en el ejercicio de sus facultades de organización, puedan determinar la dotación de armas largas como armamento colectivo para servicios específicos, siempre bajo criterios de necesidad, proporcionalidad, evaluación de riesgos, formación homologada, controles periódicos y estrictos protocolos de custodia y utilización.
Desde CCOO se insiste en que esta iniciativa no persigue ampliar las competencias de las Policías Locales, sino garantizar que los medios materiales disponibles sean coherentes con las funciones que ya tienen legalmente atribuidas y con los riesgos a los que deben hacer frente en su actividad diaria.
Han subrayado igualmente que la Administración tiene el deber de proporcionar a los profesionales de la seguridad pública los medios adecuados para desarrollar su trabajo en condiciones de máxima protección, especialmente ante escenarios vinculados al terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico o incidentes de alta intensidad.
Los representantes del Ministerio del Interior del área de la Dirección General de Coordinación y Estudios (Área de Normativa) han recibido el informe y han mostrado interés por estudiar la propuesta y el marco competencial expuesto. Así mismo, han coincidido en la necesidad de modificar la Ley 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de seguridad y la creación de un estatuto marco de las Policías Locales donde se regulen materias comunes siempre respetando el marco competencial de las Comunidades Autónomas.
