En los últimos años, España ha registrado episodios en los que individuos de cierto origen y religión (no detallemos más para que no nos tachen de racistas) han atacado violentamente a ciudadanos sin previo aviso, empleando armas blancas y gritando expresiones religiosas como “Alá es grande”. Pese a la gravedad de estos hechos y a su similitud con patrones ya conocidos en atentados de inspiración yihadista, una parte del ecosistema mediático opta por calificarlos de “brotes de desequilibrio mental”. Esta tendencia abre un debate necesario: ¿por qué se aplica una prudencia extrema en estos casos y no en otros delitos violentos?
Un patrón que se repite, pero rara vez se nombra
Los medios de información y las instituciones gubernamentales han documentado en varias ocasiones ataques cometidos por individuos que, sin mediar palabra, se abalanzan sobre viandantes o agentes, dirigiendo sus ataques mortales a zonas claramente peligrosas como cuello o zonas vitales. Este modus operandi coincide con el observado en atentados de baja intensidad promovidos por organizaciones yihadistas, que desde hace años animan a sus simpatizantes a actuar de forma autónoma, con medios simples y sin planificación compleja.
La agenda mediática no duda a la hora de calificar como atentados a cualquier hecho de similares características que suceda más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, cuando estos hechos ocurren en territorio nacional, la reacción suele ser extremadamente cauta. Se evita vincularlos a terrorismo hasta que exista confirmación judicial —algo comprensible—, pero en muchos casos se descarta incluso la posibilidad, el debate o cuanto menos un análisis profesional sustituyendo la información por explicaciones psicológicas que no siempre están acreditadas.
La etiqueta de “desequilibrado”: un comodín informativo
Una de las críticas más frecuentes hacia la esfera mediática es la rapidez con la que algunos informativos recurren al término “desequilibrado mental”. Se utiliza como categoría casi automática cuando el agresor actúa solo, sin antecedentes conocidos o sin vínculos formales con organizaciones terroristas.
El problema es doble:
- Se presenta como diagnóstico lo que en realidad es una hipótesis, sin respaldo clínico ni información contrastada.
- Se transmite la idea de que estos ataques no responden a motivaciones ideológicas, pese a que en otros países europeos se han confirmado casos muy similares como atentados de inspiración yihadista.
Paradójicamente, esta prudencia no se aplica con la misma intensidad a otros delincuentes. Cuando el autor es español y el delito es común —robos, agresiones, violencia urbana—, los medios no suelen recurrir a explicaciones psicológicas para justificar su conducta o incluso criminalizarlos por una tendencia ideológica determinada como el fascismo. No se habla de “desequilibrio” en carteristas reincidentes, en agresores de metro, en bandas juveniles violentas, malos tratos en el ámbito familiar o en delincuentes habituales de barrios conflictivos. La etiqueta parece reservarse para un tipo muy concreto de agresor.
¿Prudencia informativa o miedo a nombrar la realidad?
La cautela es necesaria en periodismo, especialmente en temas sensibles como terrorismo. Pero la prudencia no puede convertirse en un filtro que distorsione la percepción pública o una falta de análisis de investigación de un mínimo de profesionalidad para un medio de referencia. Cuando se evita sistemáticamente mencionar la posibilidad de un atentado yihadista, incluso cuando el patrón coincide con casos ya estudiados, se genera una sensación de opacidad.
Diversos analistas de seguridad señalan que esta tendencia puede deberse a varios factores:
- Temor a alimentar discursos de odio, algo legítimo pero que no debe impedir informar con rigor.
- Miedo a equivocarse, en un contexto donde la presión social y política sobre los medios es elevada.
- Inercia editorial, que prefiere minimizar riesgos antes que abrir debates incómodos.
El resultado es que la ciudadanía recibe información parcial, mientras que otros delitos —especialmente los cometidos por delincuentes nacionales— se narran sin filtros ni matices.
El ataque de Algeciras (2023): de “agresión aislada” a atentado yihadista por sentencia
Uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo ciertos ataques se presentan inicialmente como sucesos aislados —y no como posibles atentados— es el caso del ataque del 25 de enero de 2023 en Algeciras. Por aquel entonces, un individuo armado con un machete atacó dos iglesias, mató al sacristán Diego Valencia e hirió a varias personas, entre ellas un sacerdote. En las primeras horas y días, numerosos medios y portavoces institucionales evitaron calificarlo como atentado yihadista. Se habló de: «Ataque individual”, “Posible desequilibrio mental”, “Agresión sin motivación clara”.
En las primeras horas tras los hechos, numerosos medios evitaron vincular el ataque con terrorismo, pese a que el patrón encajaba con otros atentados de baja intensidad registrados en Europa: arma blanca, ataque indiscriminado, gritos religiosos y elección de objetivos simbólicos.
Sin embargo, la Audiencia Nacional, tras meses de análisis, concluyó que el autor actuó movido por una motivación yihadista, consumiendo propaganda extremista y seleccionando objetivos religiosos. En enero de 2024, el tribunal dictó sentencia y calificó oficialmente los hechos como delito de terrorismo, reconociendo el ataque como un atentado yihadista.
La importancia de informar sin eufemismos
La seguridad pública requiere transparencia. No se trata de etiquetar automáticamente cualquier agresión como terrorismo, sino de no descartar hipótesis relevantes por exceso de prudencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer los hechos tal como se investigan, sin eufemismos que puedan generar desconfianza.
Los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad insisten en que la información veraz es una herramienta esencial para la prevención. Minimizar ciertos delitos o suavizar su posible motivación ideológica no contribuye a la seguridad, sino que dificulta la comprensión del fenómeno.
El debate no es si los medios deben ser prudentes —deben serlo—, sino si esa prudencia se aplica de forma equilibrada. Cuando un ataque reproduce patrones conocidos de atentados yihadistas, mencionarlo no es alarmismo: es un derecho a la información contemplado en artículo 20 de la Constitución Española de 1978. Y cuando se califica a un agresor como “desequilibrado” sin datos psiquiátricos que lo avalen, se está sustituyendo el rigor por una narrativa cómoda y de clara influencia política.
La sociedad española merece un periodismo que informe con precisión, sin miedo a nombrar lo que ocurre y sin dobles raseros según el perfil del delincuente. Solo así se podrá mantener un debate público honesto sobre seguridad, prevención y convivencia.
