La acampada comienza después de una manifestación y es el Delegado de Gobierno de Madrid quien, en un primer momento, pudo evitarla, una vez informado por los operativos de las Unidades de Intervención Policial. Reiteramos que en un primer momento, en su inicio. Contravenían la LOPSC que prohíbe la ocupación de vía pública.
La decisión evidentemente fue permitir que la realizaran. Ahora, una vez instaladas las tiendas de campaña es muy difícil su desmantelamiento.
Entran en juego otros derechos como la intimidad o el derecho de concentración, todos ellos fundamentales que impiden una acción policial sin autorización.
Por otro lado, solo se podría actuar policialmente en caso de problemas graves de orden público o de salubridad.
Evidentemente los vecinos y comerciantes de la zona pueden realizar acciones administrativas o judiciales para solicitar el desalojo.
La Policía Local debe proponer para sanción a los organizadores por vulneración de las Ordenanzas Municipales.
