En el corazón de las manifestaciones, disturbios y eventos multitudinarios, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) —popularmente conocidos como antidisturbios— se enfrentan a situaciones de altísima tensión y peligro. Sin embargo, a pesar de su papel esencial en la protección del orden público, estos profesionales no están reconocidos oficialmente como una profesión de riesgo por el Ministerio del Interior.
Una labor de alto riesgo… sin reconocimiento institucional
Los antidisturbios son la primera línea de defensa en escenarios donde el orden social puede colapsar: protestas violentas, altercados masivos, motines, catástrofes públicas y amenazas terroristas. Su formación es rigurosa, su equipamiento especializado, y su exposición al peligro constante. Aun así, no se les concede el estatus de profesión de riesgo, lo que les impide acceder a beneficios como la jubilación anticipada sin penalización económica.
Este vacío legal resulta incomprensible si se considera que su trabajo implica enfrentarse a agresiones físicas, lanzamiento de objetos, incendios, y situaciones de violencia extrema. Además, deben mantener la calma y actuar con proporcionalidad, incluso cuando su integridad física está en juego.
El agravio comparativo con otros cuerpos policiales
Mientras los agentes de la UIP siguen esperando el reconocimiento al igual que la totalidad de sus compañeros de la Policía Nacional, otros cuerpos policiales en España sí han sido catalogados como profesiones de riesgo. Los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra disfrutan de condiciones laborales más favorables, incluyendo la posibilidad de jubilarse a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo.
Esta diferencia ha sido denunciada por sindicatos policiales como una discriminación institucional que divide a los cuerpos de seguridad en “categorías”. La falta de equidad no solo afecta a la moral de los agentes, sino que también pone en evidencia una política de seguridad pública que no valora por igual a quienes la sostienen.
¿Un cambio en el horizonte?
Aunque recientemente se han producido avances judiciales que podrían obligar al Gobierno a reconocer a los policías nacionales como profesión de riesgo, el proceso sigue siendo lento y lleno de obstáculos. Los agentes de la UIP continúan patrullando, interviniendo y protegiendo a la ciudadanía sin el respaldo legal que merecen.
