En los últimos años se ha intensificado un discurso antipolicial que convive con una paradoja evidente: quienes rechazan o desacreditan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recurren a ellas cuando se enfrentan a situaciones de riesgo real. Analistas de seguridad de h50.es alertan de que esta contradicción responde a dinámicas de polarización, desinformación y discursos ideológicos que erosionan la confianza en las instituciones.
Un rechazo creciente pese a la dependencia real de los servicios públicos
Las estadísticas de llamadas al 091, 062 y 112 muestran que la ciudadanía continúa dependiendo de los servicios policiales y de emergencias para resolver conflictos, denunciar delitos o solicitar auxilio. Sin embargo, en paralelo, se ha extendido un discurso de odio por parte de cierto sector político que presenta a la policía como un actor represivo o innecesario.
Esta contradicción se observa especialmente en redes sociales, donde determinados mensajes generan rechazo hacia la autoridad, pero los mismos usuarios no dudan en recurrir a los servicios públicos cuando se ven en peligro.
La influencia de discursos polarizados y campañas de desinformación
Diversos estudios sobre percepción social de la seguridad señalan que parte de este sentimiento antipolicía se alimenta de narrativas ideologizadas, difundidas por grupos que promueven una visión negativa de las instituciones del Estado. Estas campañas, amplificadas en entornos digitales, simplifican la labor policial, omiten su función preventiva y presentan actuaciones aisladas como si fueran la norma.
La propaganda política más rancia ha puesto el foco en los cuerpos policiales para criminalizarlos y convertirlos en un enemigo como táctica de polarización eludiendo su propia responsabilidad como actores gubernamentales que son.
El resultado es una percepción distorsionada que afecta a la confianza pública y dificulta la labor de los agentes en la calle. De la misma forma, se desvía la atención del votante evitando que analice el fracaso y responsabilidad de los actores políticos sobre la evolución, cambio y desarrollo del país.
Consecuencias operativas y sociales
El rechazo a la autoridad no solo genera un clima hostil hacia los profesionales de la seguridad, sino que también puede:
- Reducir la colaboración ciudadana en investigaciones.
- Incrementar la resistencia a la intervención policial.
- Fomentar la impunidad en determinados entornos sociales.
- Debilitar la cohesión institucional y la percepción de seguridad.
Paradójicamente, quienes sostienen discursos de rechazo suelen ser los primeros en exigir una respuesta inmediata cuando sufren un delito o una emergencia. Recordemos casos sonantes de políticos con un perfil claro antipolicial que no dudan en recurrir a un servicios de escoltas para garantizar su seguridad.
La necesidad de reforzar la educación cívica y la confianza institucional
Expertos en seguridad pública coinciden en que la solución pasa por:
- Mejorar la educación en valores cívicos, explicando el papel de la policía en un Estado democrático.
- Combatir la desinformación, especialmente en redes sociales.
- Reforzar la transparencia institucional, para que la ciudadanía conozca cómo y por qué actúan los cuerpos policiales.
- Promover el respeto mutuo entre ciudadanía y agentes, clave para la convivencia.
Conclusión: una contradicción que exige reflexión
La sociedad necesita a sus cuerpos policiales, y los cuerpos policiales necesitan la confianza de la sociedad. Criticar sin fundamento, deslegitimar o difundir mensajes que erosionan esa relación no solo es contradictorio: pone en riesgo la seguridad colectiva.
El debate debe centrarse en mejorar, modernizar y fortalecer las instituciones, no en debilitarlas mediante discursos que, en última instancia, perjudican a quienes más dependen de ellas.
