En la madrugada del domingo 9 de noviembre, dos agentes de la Policía Nacional fueron brutalmente agredidos en el centro de Alcalá de Henares, en la calle Mayor, tras ser reconocidos por un grupo de salvajes delincuentes presuntamente vinculados a la barriada de “El Lianchi”. Los policías, pertenecientes al Grupo Operativo de Respuesta (GOR), se encontraban fuera de servicio tras una cena con compañeros cuando fueron abordados por la espalda y golpeados salvajemente al grito de: “Ahora no estáis de servicio, putas ratas” según afirma el sindicato UFP para h50.
La agresión dejó a uno de los agentes con tres dientes rotos y pérdida de visión en un ojo, mientras que el otro sufrió una fractura de clavícula, según ha confirmado el sindicato Unión Federal de Policía (UFP). Ambos permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.
Un clima de violencia creciente contra los agentes
Este ataque se produce apenas horas después de que otro agente de la Policía Nacional resultara herido de gravedad en Sevilla, tras recibir un disparo con un arma larga durante un operativo antidroga en el barrio de Las Vegas. La concatenación de estos hechos evidencia un preocupante aumento de la violencia contra los cuerpos policiales, que se ven cada vez más expuestos a agresiones tanto en servicio como fuera de él.
¿Dónde queda el principio de autoridad?
Sindicatos y organizaciones llevan denunciado hasta la saciedad y públicamente la pérdida del respeto al principio de autoridad, señalando que “los policías somos un blanco fácil, la nueva delincuencia opera con total impunidad”. Esta afirmación no es retórica: los agresores de Alcalá actuaron con total desprecio por la ley, sabiendo que los agentes no estaban armados ni en servicio, y confiando en la escasa respuesta judicial que suelen recibir este tipo de delitos.
Sin reconocimiento como profesión de riesgo
A pesar de que los policías manejan armas de fuego, intervienen en situaciones de alto riesgo y se juegan la vida en cada operativo, el Gobierno sigue sin reconocer su labor como profesión de riesgo. Esta falta de reconocimiento implica que no cuentan con las garantías laborales, jurídicas ni económicas que sí tienen otros colectivos expuestos a peligros similares.
La legislación vigente tampoco ampara suficientemente a los agentes agredidos fuera de servicio, lo que deja un vacío legal que los delincuentes aprovechan. El resultado es una desprotección institucional alarmante, que mina la moral de los cuerpos policiales y pone en peligro su integridad física y emocional.
Una llamada urgente a la acción:
Desde h50.es nos sumamos a la denuncia del sindicatos y organizaciones en defensa de la seguridad nacional exigiendo al Gobierno y al poder legislativo que reformen de inmediato el marco legal para proteger a quienes nos protegen. Reconocer la profesión de riesgo, endurecer las penas por agresiones a agentes y reforzar el principio de autoridad no son privilegios: son medidas básicas para garantizar la seguridad de todos.
