La Asociación de Jubilados de la Policía Nacional ha hecho público un comunicado firmado por Laura Giménez, presidenta de AJPNE, y la letrada Soledad Camacho, en el que informan que la Comisión Europea ha notificado oficialmente la admisión a tramite de la denuncia presentada contra el Gobierno de España por infracción del Derecho de la Unión Europea por la discriminación en el copago farmacéutico que sufren los funcionarios del Estado.
Una denuncia planteada por esta Asociación, AJPNE, en estrecha colaboración con el despacho de abogados de Soledad Camacho, y cuyo avance jurídico es de máxima importancia en la defensa de los derechos fundamentales de todo el colectivo al que representan.
Esta denuncia, remarcan, «no solo representa a nuestro colectivo, sino que afecta de manera directa a todos los usuarios de las tres mutualidades MUFACE, ISFAS y MUGEJU».
Señalan que el objeto de la reclamación es poner fin a la clara discriminación en el copago farmacéutico que sufren los funcionarios jubilados y sus beneficiarios. «Mientras el resto de pensionistas del sistema publico gozan de unas condiciones protegidas, los mutualistas seguimos soportando una carga económica injusta que vulnera el principio de igualdad recogido en los tratados de la Unión Europea».
Indican que, una vez superado el filtro de admisibilidad, el expediente ha pasado formalmente a la fase de estudio para su resolución, si bien, trasladan un mensaje de realismo y prudencia, ya que los servicios jurídicos de la Comisión han advertido que, debido al extraordinario volumen de denuncias que gestiona actualmente el organismo, la resolución final podría demorarse por encima de los plazos ordinarios establecidos por ley.
Pese a ello, la admisión es un éxito en si mismo, ya que Europa reconoce que hay base jurídica para investigar el incumplimiento del Estado español.
Desde la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional y desde el despacho de Soledad Camacho, reafirman su compromiso de seguir impulsando este procedimiento hasta las ultimas instancias, ya que «la salud y la igualdad de los servidores públicos jubilados no pueden ser tratadas como ciudadanos de segunda clase».
Llama poderosamente la atención las iniciativas jurídicas nacidas en los últimos años contra el Estado español y en defensa del colectivo de los empleados púbicos, ya que casi todas ellas nacen de asociaciones o sindicatos pertenecientes al colectivo de la Policía Nacional.
Espero que está demanda llegue a buen fin. Y dejar de pagar enfermos jubilados casi 100€ al mes en medicamentos.