En una jornada parlamentaria marcada por una aritmética inusual, el Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para combatir la multirreincidencia. La iniciativa, impulsada originalmente por Junts, ha logrado fracturar el bloque de investidura, uniendo los votos de PSOE, PP, Vox, PNV y UPN (302 votos a favor) frente al rechazo frontal de Sumar, Podemos y EH Bildu.
Las claves de la nueva normativa: El fin de la «puerta giratoria»
La reforma busca atajar la sensación de impunidad en los delitos patrimoniales leves —hurtos de menos de 400 euros— que saturan los juzgados de guardia y el trabajo diario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Estas son las principales modificaciones técnicas:
• Pena de prisión de 1 a 3 años: Se aplicará cuando el culpable haya sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de la misma naturaleza (hurtos o estafas), independientemente de que la cuantía de cada uno no supere los 400 euros.
• Robo de dispositivos electrónicos: Se endurece específicamente el castigo por el robo de teléfonos móviles y tablets, considerando el valor no solo del terminal, sino de los datos y la privacidad del usuario.
• Medidas de alejamiento: Los jueces podrán imponer prohibiciones de acceso a determinados barrios, municipios o zonas donde el delincuente actúe de forma recurrente (como zonas turísticas o redes de transporte).
• Tipificación del «petaqueo»: Se introducen penas de 1 a 5 años para las actividades logísticas de apoyo al narcotráfico (suministro de combustible en alta mar).
Repercusión jurídica y operativa
Desde el punto de vista jurídico, la norma rompe con la doctrina del Tribunal Supremo que limitaba la aplicación de la agravante de multirreincidencia si los delitos previos eran considerados «leves». Con este cambio, el legislador otorga a los magistrados una herramienta clara para enviar a prisión a quienes han hecho del pequeño hurto su «modus vivendi».
Para los profesionales de la seguridad, esta reforma supone un balón de oxígeno. Se espera que reduzca la carga de detenciones estériles, donde individuos con decenas de antecedentes regresaban a la calle a las pocas horas. No obstante, el acuerdo ha venido acompañado de una concesión a ERC (que se abstuvo): el compromiso de crear 180 nuevas plazas de jueces en Cataluña para evitar que el aumento de procedimientos penales colapse el sistema.
Fractura política: «Populismo punitivo» vs. Seguridad Ciudadana
El debate ha evidenciado la distancia insalvable entre los socios de Gobierno. Mientras el PSOE defiende que es una respuesta necesaria a la alarma social en ciudades como Barcelona o Madrid, Sumar, EH Bildu y Podemos han tildado la medida de «populismo punitivo», argumentando que la cárcel no solucionará problemas de raíz social y que la ley solo beneficia el discurso de la derecha.
