A juicio cuatro cargos de la Generalitat por retrasar la vacunación contra el COVID a policías nacionales y guardias civiles en Cataluña

Este viernes 22 de julio se presentarán en el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona en calidad de investigados cuatro cargos de la Generalitat de Cataluña por la decisión discriminatoria e injustificada de retrasar el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma.

En concreto, el juzgado ha citado a declarar a la que fue subdirectora general de Promoción de Salud y posteriormente secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, la directora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud, Sara Manjón, el director de Servicios del Departamento de Salud, Xavier Rodríguez y el director del Servicio Catalán de Salud Adriá Cornella.

Para JUPOL, según ha explicado su portavoz Pablo Pérez “la celebración de este juicio no hace más que confirmar la injusticia sufrida por miles de agentes de la Policía nacional y de la Guardia Civil en Cataluña y vuelve a poner de manifiesto el trato discriminatorio que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Generalitat de Cataluña”.

Pérez asegura que “el avance del proceso judicial nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, supone un paso más en nuestra lucha por acabar con la desigualdad, el trato injusto y desfavorable que sufren nuestros compañeros en esas zonas, situaciones que ponen en peligro la vida laboral y personal de nuestros compañeros, y persistiremos en ello hasta alcanzar una igualdad económica, social y laboral”.

Por estos motivos, desde el sindicato policial mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía se asistirá este próximo viernes 22 de julio, a las 10 de la mañana, hora de inicio de la toma de declaraciones, a los juzgados de Barcelona, para seguir haciendo oír la voz de todos los policías y guardias civiles que trabajan en Cataluña y que han sido discriminados por la Administración y siguen sufriendo día a día injusticias en el desarrollo de su trabajo en esta comunidad.