La organización sindical Unión Federal de Policía quiere trasladar su más absoluta indignación, rabia y hartazgo tras el brutal apuñalamiento de un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en el distrito de Vallecas (Madrid), quien recibió hasta 17 puñaladas al tratar de mediar en una discusión en un bar, actuando como lo que es las 24 horas del día: un servidor público comprometido con la seguridad de los ciudadanos.
Este nuevo intento de asesinato no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una deriva cada vez más preocupante de violencia contra los policías en España. Las agresiones a agentes se cuentan por miles cada año y mantienen una tendencia claramente ascendente, tanto en número como en gravedad.
La violencia que sufren los policías en la calle es cada vez más extrema, más desinhibida y más peligrosa, mientras quienes deben poner freno a esta situación optan por la inacción.
Señalan directamente la responsabilidad del Gobierno de España, que tiene la obligación de legislar y proteger a quienes nos jugamos la vida por la seguridad de todos. No es admisible seguir mirando hacia otro lado ante el incremento de agresiones a policías, ni priorizar el coste político de adoptar medidas contundentes frente al coste personal y físico que sufrimos los agentes.
Que el agresor pueda manifestar sin el más mínimo temor frases como “me da igual la policía, ya he estado antes en prisión” no puede ni debe pasar desapercibido. Es la evidencia más cruda de la realidad que llevamos tiempo denunciando: no existe un efecto disuasorio real porque no hay miedo a las consecuencias. La reincidencia es el ejemplo más claro de esta dejación. Se han aprobado normas que la contemplan, pero en la práctica no están sirviendo para proteger a la sociedad frente a individuos capaces incluso de atentar contra la vida de un policía. Los delincuentes reincidentes siguen actuando con una preocupante sensación de impunidad, convencidos de que el sistema no les va a frenar.
La agresión a un agente de la autoridad se está normalizando, y lo advertimos una vez más con absoluta claridad: si no reforzamos y protegemos a quienes constituyen la primera línea frente a la delincuencia, el deterioro será inevitable. Veremos cómo barrios y ciudades enteras se resienten y retroceden ante la inseguridad. No es una hipótesis ni una exageración; es una realidad que ya se ha vivido en otras ciudades europeas y cuyo coste social ha sido enorme. Ignorarlo aquí sería un error que pagaremos todos.
La UFP exige de manera firme y urgente a todos los dirigentes políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, que asuman su responsabilidad adoptando cambios legislativos y penales contundentes que garanticen consecuencias reales para quienes agredan o atenten contra la vida de los policías nacionales. Es imprescindible que el ordenamiento jurídico deje de enviar mensajes de debilidad y pase a proteger de forma efectiva a quienes garantizan la seguridad de todos los ciudadanos.
Por todo ello, exigen el endurecimiento de las penas por agresión a agentes de la autoridad, un respaldo político claro e inequívoco al trabajo de la Policía Nacional y la adopción urgente de medidas que garanticen nuestra seguridad jurídica y física.
Los policías están cansados de sangrar en las calles. Están cansados de que cada agresión quede diluida en una estadística. Están cansados de que se les utilice cuando conviene y se les abandone cuando pagan el precio. Hoy un compañero tiene 17 puñaladas en su cuerpo por intervenir para defender la convivencia y la seguridad. Mañana puede ser cualquiera de nosotros.
