Los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género. Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera.
En el periodo 2017/2021 se han incautado un total de 10.275 teléfonos móviles en las prisiones españolas, siendo el año 2019 el de mayor número de aprehensiones con 2585, manteniendo una línea constante en 2020 y 2021. Los centros penitenciarios de Algeciras y Málaga, con cerca de 700 terminales cada una, lideran el número de confiscaciones por parte de los trabajadores penitenciarios.
Desde ACAIP-UGT quieren destacar el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones. En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones.
Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y relacionadas con el narcotráfico.
El uso de estos teléfonos puede genera deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos, por ello, los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico.
De hecho, se pueden encontrar en los lugares más insospechados, como en el interior de suelas, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada. Con más de 3000 vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios.
Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado para evitar su entrada, por otro, realizar el control en el interior. Pero todo esto requiere del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito.
Desde ACAIP-UGT insistan en la necesidad de ocupar todas las vacantes, las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas, además, hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, por eso es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución.
